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El Comité Central de Acción Social (CCAS), una ONG cuestionada por manejar fondos públicos para servir como intermediaria en compras de la Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente (Sosep), tiene ahora la comisión de elegir a una empresa que se haga cargo de entregar almuerzos a las 54 escuelas a donde acuden niños y jóvenes para recrearse en el programa Escuelas Abiertas.

El Diario de Centroamérica publicó hoy una invitación a presentar ofertas para la licitación de los almuerzos, en el portal de Guatecompras, bajo el número 711926, convocatoria que finaliza el 19 de enero próximo.

Entre las especificaciones técnicas detalla que las comidas se deberán entregar los sábados y domingos de cada semana desde el 14 de febrero hasta diciembre.

La hora del almuerzo será a las 12 horas y la empresa ganadora se deberá comprometer a ser puntual.

Se trata de unos 600 almuerzos en cada una de las 54 escuelas, y la empresa trabajará a sabiendas de que deberá preparar 25 por ciento más de raciones, según la cantidad de comensales.

Entre el menú a preparar está una pieza de pollo a la barbacoa, una taza de papas al vapor, ensalada de remolacha, tres tortillas, una fruta y un refresco; otro será dos tortas de carne molida, una taza de arroz con arvejas, ensalada de lechuga con zanahoria, tres tortillas, una fruta y refresco, ambas con 850 calorías, según la Unidad de Nutrición de la Secretaría de Bienestar Social.

La ONG en cuestión también se ha hecho cargo de adjudicar empresas para la preparación de alimentos en los Comedores Solidarios, donde se cobra Q1 por un desayuno y Q3 por un almuerzo, y la compra de granos básicos para repartir en asentamientos del área metropolitana, algo que diputados de oposición critican porque son atribuciones de las secretarías presidenciales que están designadas para esas labores, y porque cobra comisiones por dichas gestiones.

La diputada Roxana Baldetti, jefa de la bancada del Partido Patriota, ha criticado que el Gobierno siga utilizando a la referida ONG como intermediaria para efectuar las contrataciones.

“Pensamos que en el 2009 el Gobierno se iba a preocupar porque la ejecución del presupuesto se hiciera de forma transparente, pero siguen dando el dinero a una organización señalada, como lo es CCAS”, ha dicho Baldetti.

Nineth Montenegro, diputada de Encuentro por Guatemala, ha manifestado que la ONG perdió el sentido para el que fue creada.

Recordó que la misma funciona desde 1974, y su función era recoger y otorgar donaciones, pero a partir del 2006 se desnaturalizó, ya que esa entidad —que por su carácter de ONG es de difícil supervisión por parte de la Contraloría de Cuentas— decide a quién le compra y quién le cobra.