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CUANDO FALTAN POCOS días para celebrar el primer aniversario de su gobierno, el presidente Colom pareciera desesperado por mostrar algún resultado en seguridad, después de un año en el que evidenció no tener programa al respecto. Después de la muerte de su primer ministro en esa materia, Vinicio Gómez, el mandatario creyó ver en Francisco Jiménez su tabla de salvación. Sin embargo, este académico de izquierda, con bajo perfil, tampoco pudo resolver una situación crítica, en la cual el principal problema es la debacle de la Policía y la ausencia del Estado en el territorio nacional.

En los último meses del 2008, un equipo cercano al mandatario se dedicó a desarrollar un plan de urgencia para enfrentar al cada vez más fortalecido crimen organizado y la proliferación de las pandillas. Para el efecto, diseñaron el Pacto Nacional de Seguridad, en el que se pretende la coordinación interinstitucional del Ministerio de Gobernación, el Ejército, el Ministerio Público y el Organismo Judicial. Pero uno de los problemas que afrontaba este proyecto era que los militares comenzaron a salirse de control. El entonces ministro de la Defensa, Marco Tulio García Franco, no parecía responder a las directrices de Colom.

Formado en contrainteligencia, García Franco se mostraba renuente a movilizar tropas en las zonas fronterizas dominadas por el narcotráfico internacional, pese a las órdenes presidenciales. A ello se agregó que era más cercano al general Otto Pérez Molina que al mismo presidente. Estos hechos, entre otros, habrían ocasionado que Colom decidiera destituir al alto mando del Ejército días antes de Navidad, para sustituirlo por militares más proclives a colaborar con su nuevo planteamiento de seguridad interna. De esa manera, el Ejército se veía afectado por la misma inestabilidad de la seguridad interna del país y la necesidad de que se alineara al mentado pacto nacional.

En los últimos días de diciembre, Francisco Jiménez aún aparecía como parte de esta nueva estructura, pero a principios de enero hubo un cambio súbito a favor de que Salvador Gándara lo relevara. Al parecer, la mano de Sandra Torres, esposa del mandatario, inclinó la balanza en beneficio de Gándara, con lo que comenzaba a desarticularse el grupo de izquierda que se había atrincherado en las tareas de seguridad interna. Una de las razones que pesó en este cambio fue que el bajo perfil de Jiménez no ayudaba a levantar la imagen de un gobierno carente de seguridad y, al contrario, Gándara posee experiencia en el manejo de la opinión pública, tal como lo hizo cuando fue viceministro en esa materia, durante el gobierno de Álvaro Arzú.

¿Tendrá éxito este nuevo programa? Solo el tiempo lo dirá, pero quedan dudas de hasta donde la derechización de la seguridad interna, con la inclusión de Gándara, no podría significar el retorno de la limpieza social en las estructuras estatales. En 1997, por ejemplo, la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado denunciaba ejecuciones sumarias que respondían al patrón de la limpieza social. En todo caso, lo que sí pareciera evidente es que el presidente Colom, o mejor dicho, la esposa del presidente Colom, le apuesta ahora más a la mano dura que a combatir la delincuencia con inteligencia, tal como lo afirmaban en su campaña presidencial.