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La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), abogados, grupos pro justicia y la Fiscalía respaldan la creación de juzgados específicos, para que se agilicen las pesquisas contra capos del narcotráfico y redes del crimen organizado.

La Fiscalía y la Cicig coincidieron en que esos jueces deben ser blindados con seguridad y recursos, para enfrentar la magnitud de los procesos que llevarán.

“La falta de protección ha afectado la imparcialidad de los jueces, que inclusive no quieren conocer casos de impacto, entre ellos, la narcomatanza en Zacapa”, expresó un investigador de la Cicig y quien pidió omitir su nombre.

Giovanni Castro, fiscal contra la Narcoactividad, expresó: “Aplaudiría esa medida, porque un juez protegido y especializado facilitaría las acciones contra los traficantes y ayudaría a desmantelar esas estructuras”.

Agregó que sería importante que fueran creados en Guatemala y Quetzaltenango, por cuestiones de seguridad.

Esos juzgados autorizarían capturas, allanamientos y escuchas telefónicas en todo el país, lo cual agilizaría y daría secretividad a las acciones de los investigadores.

Carmen Aída Ibarra, de la Fundación Myrna Mack, manifestó que su organización está a favor de la creación de esos juzgados, pero enfatizó en que debe ser una medida integral.

“Abrir esas jurisdicciones debe garantizar la seguridad de las personas que las integren, porque de nada servirían si siguen vulnerables a la violencia y a la corrupción que originan las mafias”, advirtió.

Según los registros del Organismo Judicial (OJ), hasta ayer, 99 jueces cuentan con seguridad personal o perimetral, la mitad de casos está a cargo de la Policía Nacional Civil y el resto, a agentes del OJ.

La Fundación enfatizó que hay retraso en la aplicación de las nuevas herramientas de investigación, entre ellas, policías encubiertos, escuchas telefónicas y entregas controladas —alguien que negocia droga u otro producto ilícito, pero en forma coordinada, para poner en evidencia al delincuente—, por lo que insta a las instituciones de justicia a que afinen los reglamentos y coordinen entre sí su uso.

Mario Fuentes Destarac, presidente del Centro de la Defensa de la Constitución, está de acuerdo con la creación de esos juzgados; sin embargo, el abogado José Luis González, de la Liga pro Patria, cree que la seguridad que se les brindaría a los jueces debiera ser para todos.

Varios detectives de la División de Investigación Criminal de la Policía consultados se quejan del tiempo que les toma vigilar los inmuebles, mientras un juzgado otorga la orden de allanamiento, que puede ser hasta tres días.

Para justificar su presencia por tanto tiempo, los investigadores hacen informes por cada turno que permanecen en un lugar determinado.

Cuando la orden es girada por el juzgado de turno de la capital, el tiempo es menor a las 24 horas.

Esta semana, en México se inauguraron seis juzgados especializados que conocerán procesos de alto impacto.

En estas instancias, los fiscales podrán solicitar capturas, allanamientos e intervenciones telefónicas, por medio de correos electrónicos o fax.

Guillermo Melgar, vocero del OJ, afirmó que en los cuatro juzgados de turno del país se hacen esas solicitudes, pero que solo el de la capital tiene cobertura nacional.

Agregó que no existen reglamentos ni acuerdos internos al respecto.