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UNA DE LAS CONDICIONES más importantes para ocupar un puesto de altura en cualquiera de las actividades humanas es tener plena conciencia de la dignidad del cargo. Ésta aumenta en proporción directa con la importancia de la institución, pero en especial, a la manera cómo cada persona se valoriza a sí misma. En otras palabras, algunas acciones no se hacen, simplemente, porque van en contra de la dignidad personal, con independencia de cualquier otra justificación. En el campo del derecho, cargos como los de magistrados de las cortes Suprema de Justicia y de Constitucionalidad requieren de una particular atención a este punto, porque se trata de las cabezas de todo el sistema judicial, ahora ya suficientemente afectado por su inefectividad.

ESTO VIENE AL CASO al conocer la decisión de la Corte Suprema de Justicia de hacerle una consulta a la Corte de Constitucionalidad acerca de la validez de la interpretación de una parte de los magistrados de la primera institución mencionada, respecto de la elección de presidente de la CSJ. Los consultantes, en su calidad de abogados y de magistrados, no se pueden dar el lujo de hacer consulta semejante, porque —se supone— conocen de derecho. Uno de los artículos constitucionales señala en nueve al número de votos necesarios para elegir cada año a quien presida la CSJ. Para entenderlo solo se necesita saber leer. No hay lugar a interpretación posible, y por ello la solicitud implica, de hecho, un desconocimiento rotundo de la ley.

SEGÚN LA INTERPRETACIÓN de los magistrados de la CSJ, en la más reciente de las dos docenas de elecciones realizadas durante semanas, los votos nulos no cuentan para el recuento, y por ello el nuevo presidente resulta electo por unanimidad. En resumen: hubo siete votos nulos y seis a favor de uno de los candidatos, quien entonces sería, por unanimidad, el nuevo presidente de la CSJ. Lo ocurrido en la sede de la más alta corte legal del país está llamado a ocupar un lugar preponderante en los anales mundiales del absurdo y de la guizachería. Ni siquiera llega al campo jurídico: se queda en lógica elemental. El criterio empleado se usa en las elecciones políticas, pero trasponerlo a la CSJ provoca estupor, por el nivel de su estulticia.

ANTE ESA ADMISIÓN pública de incapacidad de leer los artículos legales referentes a cómo se elige la presidencia de la CSJ, quienes insisten en aplicar semejante cosa mejor deberían admitir su modesto nivel profesional y retirarse a sus casas. No es posible pedir a los ciudadanos guatemaltecos ni a los extranjeros interesados en tener alguna relación con Guatemala, arriesgarse a depender de interpretaciones legales ante una corte cuya incapacidad es manifiesta. Patrañas como las aquí comentadas solamente reducen el ya escaso nivel de credibilidad de los ciudadanos en las instituciones. Todo presidente ungido de esa manera entra con una debilidad total en cuanto a sus cualidades personales para ejercer un cargo de tanta importancia.

LO OCURRIDO EN LA CSJ comprueba la crisis institucional del país, donde los poderes del Estado tienen un lamentable y casi irreversible nivel de desprestigio. El Congreso de la República es un centro de decepción para los ciudadanos, y el Organismo Ejecutivo lo comparte, aunque a otro nivel y por razones distintas. Los valores de la democracia se basan en los principios personales de quienes de cualquier manera participan en el accionar democrático. Cuando éstos se agrietan o derrumban aparece o aumenta la esperanza ciudadana en gobiernos autoritarios y por ello antidemocráticos e inconstitucionales. Los responsables de ese tipo de reacción popular son quienes, por intereses personales espurios o por incapacidad de entender su papel no han sabido actuar como deben. Este caso es ejemplo clarísimo.