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Un grupo de 200 líderes, representantes de 12 regiones lingüísticas del país, intercambiaron ayer experiencias en la resolución de conflictos, con abogados del Instituto de la Defensa Pública Penal (IDPP).

Las autoridades indígenas que participaron en la discusión han trabajado con el IDPP para conocer el sistema de justicia oficial y transmitir a los defensores públicos la visión de los pueblos mayas en la resolución de problemas en sus comunidades.

Diego Raymundo, de 94 años, “Principal de Principales, sabio de sabios” en Salquil Grande, Nebaj, Quiché, comentó que el problema en la actualidad es la pérdida de respeto a los “Principales”, lo cual se proponen rescatar.

El líder explicó que si un joven comete una falta, debe reparar el daño, y no repetir esa conducta.

José Raymundo, uno de los consejeros en Salquil, refirió que en el sector 4 de su comunidad se sigue un reglamento interno para imponer sanciones cuando la orientación no funciona.

Por ejemplo, quien comete una falta deberá limpiar la calle o aportar horas de trabajo en la construcción de inmuebles o de carreteras, entre otros castigos.

Recientemente discutieron si es necesario “chicotear” a quienes no quieren entender que hacer daño a otros no es correcto.

Las autoridades mayas coinciden en que la pérdida de valores en el ámbito familiar es la causa de que las nuevas generaciones estén fuera del camino recto.

Juan Zapeta, alcalde indígena de Santa Cruz del Quiché, comentó que ya no se práctica el pixab (orientación), que en antaño se efectuaba alrededor de la hoguera, después de la cena.

“Era durante esa hora cuando los abuelos orientaban a los jóvenes. Ahora la televisión tomó ese espacio, el cual debemos recuperar, para restablecer los valores mayas en los hogares”, afirmó.

Para castigar a una persona, el proceso es largo. Ana Laynez, de la Defensoría Indígena, insistió en que el castigo físico es la última opción, después de varias llamadas de atención. Si la persona no sigue los consejos y acepta que su actitud es errada, se reúne al consejo para decidir la sanción.

El clima, la fecha de nacimiento, el nahual (animal protector) y el día en que se cometió el daño determinan cuántos xicayes (azotes con vara) merece una persona para ser corregida.

Los pueblos indígenas no confían en los jueces del Organismo Judicial, porque consideran que éstos no toman en cuenta sus tradiciones.

Algunos mayas consultados se han referido a casos en que los jueces han recibido dinero o alguna otra granjería para beneficiar al acusado con la resolución.