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Los familiares de las víctimas del conflicto armado interno exigieron hoy al presidente Álvaro Colom, la desclasificación y entrega de los archivos militares que contienen información sobre las masacres perpetradas en el país durante ese periodo (1960-1996).

Con una protesta frente a la Casa Presidencial, hijos, hermanos y padres de los desaparecidos durante la guerra pidieron al presidente que, como comandante general del Ejército, cumpla con la entrega de los archivos que servirán como prueba en el proceso por genocidio abierto en 2001 contra varios militares guatemaltecos.

En marzo de 2008, la Corte de Constitucionalidad (CC), la máxima instancia jurídica del país, dio luz verde a la desclasificación de los planes militares ejecutados, entre otros, entre 1982 y 1983, durante el régimen de facto que presidió el general José Efraín Ríos Montt.

Incumplen fallo

Uno de los miembros de la fundación “Hijos” que aglutina a familiares de las víctimas de desapariciones forzadas, Eduardo Hernández, declaró a la prensa que pese a la resolución de la CC, hasta ahora el presidente no ha entregado ni un sólo archivo militar.

“Llevamos años exigiendo justicia contra los militares que cometieron delitos de lesa humanidad y genocidio”, dijo Hernández, junto a una pancarta en la que se leía: “La justicia no puede tener secretos”.

“Exigimos la entrega de los archivos militares donde constan los nombres y apellidos de militares y civiles que actuaron contra el pueblo. Yo ya no quiero seguir llorando”, manifestó Marylena Bustamante, hermana de Emil Bustamante, un médico veterinario desaparecido el 13 de febrero de 1982.

Las familias de las víctimas, acompañadas de grupos de activistas de diferentes organizaciones de derechos humanos, demandaron concretamente la desclasificación de las operaciones militares conocidas con los nombres de “Victoria 82” , “Sofía 82” , “Ixil 82” y “Firmeza 83” que se realizaron durante el régimen de Ríos Montt y el general Oscar Mejía, dirigidas todas contra la población civil.

Sentencia inapelable

El dirigente del Centro de Acción Legal para los Derechos Humanos (Caldh), Mario Minera, afirmó que la sentencia emitida por la CC en marzo de 2008 ya no es apelable y que al presidente Colom sólo le queda entregar los archivos para no caer en desacato.

Después de reunirse con el Secretario de la Paz, Orlando Blanco, quien le trasladará la petición a Colom, los activistas y víctimas del conflicto expresaron su confianza en que el presidente cumpla con el fallo judicial.

El portavoz presidencial, Fernando Barillas, comentó a la prensa que Colom tiene la firme voluntad de entregar los archivos, porque “las heridas de la guerra se tienen que sanar sólo con la aplicación de la justicia”.

Barillas adelantó que el Gobierno está evaluando la posibilidad de entregar los documentos el próximo 25 de febrero, cuando en Guatemala se celebra el “Día de la Dignidad” de las víctimas de la guerra.

Los abogados de Ríos Montt, entre ellos Francisco Palomo, han señalado que los archivos no se pueden hacer públicos, por considerarse secreto de Estado, aunque aclaró que su cliente no teme su publicación porque no cometió ningún delito.

Las estimaciones oficiales consideran que el conflicto armado causó en Guatemala unas 200 mil víctimas, entre muertos y desaparecidos.

ACAN-EFE