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El rechazo de diversos sectores a las acciones legales presentadas contra la Ley de Comisiones de Postulación de magistrados de la CSJ y de salas de Apelaciones va en aumento, debido a que señalaron que hay grupos interesados en obstruir su implementación.

Primero fueron los rectores quienes se opusieron a un sorteo; ahora un grupo de abogadas pidió a la Corte de Constitucionalidad (CC) que no se aplique el tercer párrafo del artículo 17 del decreto 19-2009, el cual señala que familiares de integrantes de las comisiones no podrán ser electos magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y de salas de Apelaciones.

Carmen Aída Ibarra, de la Fundación Myrna Mack, comentó que existe la intención de obstruir la aplicación de esa ley, y actúan de manera “hipócrita”, porque no dan la cara.

“El texto de esa normativa se sometió a discusión desde febrero último, y nos llama la atención que ahora que la Ley fue aprobada y entró en vigencia, empiezan a encontrar granos, verrugas y toda clase de imperfecciones, cuando hubo tiempo para discutirla”, dijo.

Ramón Cadena, de la Comisión Internacional de Juristas, afirmó que ya se esperaban intervenciones de ese tipo por parte de algunos sectores. “Todas las personas tienen derecho a presentar acciones de inconstitucionalidad, pero en este caso hay una estrategia para evitar que el proceso sea transparente”, expuso.

“Estas acciones rebasan lo jurídico y nos llevan al campo de la ética”, añadió Cadena.

Buscan obstruirla

Eleonora Muralles, del Grupo pro Justicia, dijo que los rectores abrieron la puerta para que se presentaran más acciones contra artículos de la citada normativa. “La intención de la Ley es generar una elección transparente y que tenga mejores resultados que en años anteriores, pero ahora la atacan porque no quieren que se aplique en su totalidad”, aseguró.

Los entrevistados coincidieron en que estas acciones demuestran que esa normativa afecta los intereses de grupos que creían tener ya ganada una cuota de poder en la integración de las cortes.

La diputada Nineth Montenegro señaló que estas actitudes son el resultado del descuido por muchos años del sistema judicial, al haber creído que era responsabilidad única de los abogados. “Se crearon redes que se apoderaron del sistema de aplicación de justicia, y ahora desenmarañarlas es cuesta arriba”, destacó.

Recordó que la Ley siempre tuvo opositores que aseguraron que le quitarían dientes hasta dejarla débil.