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Carlos Castresana, jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), expresó ayer que espera que en algún momento Jacobo Salán Sánchez y Napoleón Rojas puedan estar en la cárcel, por su vinculación en el desvío de Q120 millones en el Ministerio de la Defensa, en el 2001.

Al ser interrogado al finalizar una actividad en una radio local, Castresana dijo que Salán y Rojas integran una organización criminal que durante mucho tiempo permaneció sin castigo, por diversas situaciones, y que ahora espera que en algún momento estén presos.

Añadió: “Se ha dado un gran paso en este caso, pues durante mucho tiempo se dejó abandonado el proceso; no sé si por burocracia o por situaciones políticas... En algún momento estarán presos, pero ahora son prófugos de la justicia”.

Las investigaciones de la Fiscalía Especial del Ministerio Público para la Cicig demuestran que las pruebas en contra de los dos militares se encuentran en los expedientes desde hace más de cuatro años.

“Lo que era anómalo es que tantos años después de cometidos los hechos y teniendo en cuenta la gravedad y el contexto de una estructura criminal en el que esos hechos se cometen, esas personas estuvieran en libertad”, comentó Castresana.

La semana recién pasada, durante varios cateos, las autoridades buscaron a Salán y a Rojas en sus viviendas, pero no los localizaron. Un día después se supo que se habían trasladado a dos fincas en Nueva Concepción, Escuintla, pero cuando los fiscales llegaron, ya habían escapado.

Pese a ello se encontró documentación, entre ésta, facturas que demuestran su presencia en el lugar. También se hallaron automóviles que utilizaron por lo menos 48 horas antes.

“No sé si aún están en el país, pero se les seguirá buscando”, afirmó Castresana, quien también pidió a la población que, si tiene información, se comunique al teléfono 4391-1656 o al correo electrónico informe@cicig.org

Tanto Rojas como Salán fueron jefes de seguridad del ex presidente Alfonso Portillo. También se les señaló de haber pertenecido a una red de contrabando y a un grupo dedicado al espionaje.

En el caso del desfalco, se tienen cinco testigos y documentos que comprueban cómo los sindicados llegaban por las noches a dejar fuertes sumas de dinero a la bóveda central del Crédito Hipotecario Nacional (CHN).

Luego, ese dinero fue trasladado a empresas vinculadas a Armando Llort Quiteño, ex presidente de esa institución bancaria.

Por ese caso se encuentra ligado a proceso, por peculado, el general retirado Eduardo Arévalo Lacs, ex ministro de la Defensa a quien se le fijó una fianza de Q40 millones, que no pagó; sin embargo, evadió la prisión y continúa internado en el Centro Médico Militar.

“No hay ningún general activo o pasivo que haya ingresado en prisión... Si hubiera una desviación significativa, lo pondremos de manifiesto”, expresó Castresana.