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El vicepresidente Rafael Espada fijó hoy una postura diferente a la del presidente Álvaro Colom y su esposa Sandra Torres, al considerar que los datos del programa social Mi Familia Progresa deben ser puestos a disposición de quienes quieran fiscalizarlos.

“Deberíamos dar la información (…) Se debe dar la identificación de las personas que reciben el beneficio”, dijo hoy el vicegobernante en una entrevista con la radio Emisoras Unidas, que lo cuestionó sobre la secretividad que el Gobierno mantiene en torno a los beneficiados de ese programa, lo cual es contrario a la política que transparencia que Espada impulsa desde su posición.

El vicepresidente enfatizó a continuación que ha hablado sobre el tema con el gobernante y su esposa, pero añadió: “Ellos tienen sus razones para no darlo”.

La oposición en el Congreso ha criticado que Mi Familia Progresa es difícil de fiscalizar pues el Gobierno no facilita la información precisa que permita llegar hasta la puerta de los beneficiados, pero el Ejecutivo responde que se reserva la información para resguardarlos y que sólo la entregará cuando tenga el consentimiento de las familias.

Espada asintió a la pregunta sobre si no le genera suspicacias el extremo de que los registros de Mi Familia Progresa se puedan emplear para engordar las listas de afiliados del partido oficial Unidad Nacional de la Esperanza (UNE). “Creo que es un argumento válido”, respondió.

Con presencia en cien municipios pobres de la República, Mi Familia Progresa entrega mensualmente Q300 a las familias para que sus hijos vayan a la escuela y a los centros de salud.

El vicegobernante enfatizó durante la entrevista que busca eliminar “la cultura de la corrupción” en el país, donde “lo ilegal se vuelve legal”, usando los recursos que el marco legal le permite, como la fiscalización mediante herramientas como la Ley de Acceso a la Información, lo cual alabó como un logro en la búsqueda de la transparencia.