Prensa Libre - Edición Electrónica

Estamos cercanos al bicentenario de la gesta de independencia en toda América Latina. Nuestros próceres soñaron y lucharon por alcanzar países independientes, libres y justos. Los 200 años de historia transcurridos desde entonces nos revelan, sin embargo, que aquel sueño y aquella lucha siguen siendo, fundamentalmente, una tarea de futuro. La inmensa dificultad por hacer de la justicia el engranaje fundamental de la convivencia social, de la vida pública y de la articulación misma del Estado constituye uno de los retos y tareas más grandes que las sociedades latinoamericanas enfrentan. Al no haberse resuelto en gran número de nuestros países ese reto, también entonces la causa de la libertad sufre y, por ende, nuestras democracias corren el riesgo no pocas veces de ser más formales que sustantivas.

El anhelo de justicia y libertad son reales, sentidos y profundos, pero mientras los discursos por alabar ambas virtudes pueden ser muy encendidos, los esfuerzos para que se vuelvan prácticas reales son claramente insuficientes ante la vista de la inmensa acumulación de problemas de desigualdad social, de falta de amparo ante la justicia y de la constante denegación de la igualdad ante la ley que existe en nuestras sociedades. Reinventar las repúblicas y buscar la elaboración de nuevas constituciones y marcos jurídicos se vuelven cíclicamente demandas que quisieran acercarnos al ideal de sociedades más justas y libres, pero los resultados de esos nuevos intentos son claramente deficitarios.

Enfrentamos ahora en el vecino país de Honduras una crisis institucional en la que se ha acumulado una diversidad de ingredientes que la han hecho explotar. En Honduras nos encontramos ante el hecho consumado de un golpe de Estado que, a diferencia de las asonadas clásicas, no ha tenido su origen en los cuarteles, aunque sí su consumación. Encontramos a un presidente, por ahora defenestrado, que se sintió superior a la ley y decidió actuar, por la fuerza de los hechos y al margen de la institucionalidad, en la búsqueda de cambios constitucionales en Honduras. Encontramos una rara unidad de la comunidad internacional para presionar por el regreso del presidente Zelaya y el desconocimiento de lo actuado a partir del domingo. No sabemos aún el resultado final de ese pulso que se libra hoy entre la comunidad internacional y el Gobierno producto del desconocimiento, primero, y expulsión del país, después, del presidente Zelaya. Pero la búsqueda de salida de la crisis presenta enormes dificultades.

Lo que sí quiero subrayar es que la crisis, sin saber aún los matices concretos de su superación, nos deja a todos la impresión de que las causas de fondo siguen sin atenderse. Sin el propósito por hacer del imperio de la ley el arma fundamental de la justicia y de la democracia, la crisis encontrará algún tipo de solución coyuntural, pero sigue poniendo el dedo sobre la llaga profunda de ese problema crónico entre nosotros que se nos vuelve suplicio de Tántalo: sin imperio de la ley no hay justicia posible; sin justicia, no hay democracia real, y sin democracia no puede haber ni justicia ni ley en nuestras sociedades.