Guatemala, 4 de julio de 2009
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El 8 de noviembre del 2008 fueron localizados los cadáveres de 15 nicaragüenses y un holandés, en un bus procedente de Nicaragua. Las pesquisas determinaron que el móvil de la matanza fue el trasiego de drogas.
Se le sindica de liderar una célula del grupo de narcos los Zetas. Fue capturado, con otras cinco personas, el 15 de febrero último, cuando se transportaban en un picop. También se le vincula con la muerte de tres mujeres en Estanzuela, Zacapa, en el 2008.
Ayer fueron detenidos el fiscal Mario Soberanis, los auxiliares Óscar Vásquez y Rigoberto Castañón, y dos policías, sindicados de no haber consignado dinero y armas halladas en una vivienda, en Tecún Umán, San Marcos, el 16 de junio último.
El magistrado Luis Fernández dialogará el lunes con el fiscal general, Amílcar Velásquez, con el objetivo de que se solicite a la Corte Suprema de Justicia que el proceso de la narcomatanza en Zacapa sea conocido por un juez de alto impacto.
Afirmó que el presidente del Tribunal de Sentencia de Zacapa, Emilio Hernández, le manifestó que él y sus dos vocales son amenazados, para que no efectúen el juicio contra los 12 sindicados de la narcomatanza, ocurrida el 25 de marzo del 2008.
“Los jueces de este tribunal no tienen la seguridad necesaria ni la infraestructura para efectuar este debate”, aseveró Fernández.
La Sala de Apelaciones de Zacapa está pendiente de resolver una acción del Ministerio Público contra el fallo del referido tribunal, que aceptó hacerse cargo del juicio, pero sólo por el delito de asociaciones ilícitas.
Según el fallo del tribunal, los otros cinco delitos deben ser conocidos por un tribunal de Mixco.
Por olga lópez y coralia orantes
13:43 | 03/07/2009
Tres casos de impacto fueron enviados ayer por el Ministerio Público (MP) a los jueces de turno que tienen competencia para conocer esos procesos.
Amílcar Velásquez Zárate, fiscal general, remitió ayer por la tarde tres expedientes a la Cámara Penal, de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), para que sean tramitados por esos jueces.
“Nuestro planteamiento del traslado es para que no los conozcan ni las fiscalías ni los jueces de esos lugares, porque se presume que esos operadores podrían ser parte del crimen organizado”, explicó Velásquez Zárate.
El 21 de junio último entró en vigor el acuerdo de la CSJ que amplía la competencia a los jueces de turno de Primera Instancia Penal para conocer casos de impacto.
Los expedientes registran la masacre de 15 nicaragüenses y un holandés, en noviembre del 2008; la acusación contra Byron Vargas Sosa, presunto líder del grupo de narcos los Zetas, y el proceso contra tres fiscales y dos policías, quienes fueron capturados ayer en Tecún Umán, por obstrucción a la justicia.
Los dos primeros casos están a cargo del Juzgado de Primera Instancia de Zacapa e Izabal, y el tercero está en el Juzgado de Primera Instancia de San Marcos.
Francisco De Mata Vela, presidente de la Cámara Penal de la CSJ, manifestó que tienen 24 horas para resolver si esos procesos serán traslados a los jueces con competencia ampliada.
“En el momento en que se reciba la solicitud del fiscal general, en 24 horas, la Cámara Penal resolverá si procede a estos jueces conocer ese tipo de casos”, aseguró.
Rubén Eliú Higueros, presidente interino de la CSJ, dijo que el Ejecutivo ofreció apoyarlos con seguridad para estos juzgadores.
“Estamos coordinando con Gobernación cuándo y cuántos agentes serán enviados para la seguridad de los jueces, a quienes también se les proporcionarán vehículos blindados para su traslado”, aseveró.
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