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Dirigentes humanitarios y supervivientes de una matanza de al menos 250 indígenas perpetrada en 1982 por el Ejército, esperan que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) “condene al Estado guatemalteco por falta de aplicación de justicia” en esta masacre.

La Corte celebrará del 13 al 15 de julio en La Paz (Bolivia) una audiencia en la que escuchará el testimonio de supervivientes y de los querellantes adheridos en el proceso abierto en 1996 ante la Comisión Interamericana con sede en Washington.

Una dirigente de Familiares de Detenidos-Desaparecidos de Guatemala (Famdegua), Aura Elana Farfán, explicó hoy a que la audiencia en la Corte es “por falta de aplicación de justicia” por la matanza del parcelamiento las Dos Erres, ubicado en el departamento norteño de Petén.

El 7 de diciembre de 1982, durante el régimen de facto que presidía el general José Efraín Ríos Montt, un grupo de militares ingresó a la comunidad situada en el municipio de la Libertad y con violencia sacó a los habitantes de sus casas y los ejecutó de forma extrajudicial, recordó la activista, que es querellante adherida en el proceso.

Farfán dijo que en el 2000, en el acuerdo de solución amistosa, el Estado se comprometió ante la Comisión Interamericana a realizar una investigación exhaustiva para enjuiciar a los responsables, pero no cumplió, por lo que se elevó el caso a la Corte, con sede en Costa Rica.

Según la activista, que mañana viaja a Bolivia en compañía de dos supervivientes de la masacre y de dos representantes del Centro por la Justicia y Derechos Internacional (Cejil), también querellante, el Estado sólo cumplió con otorgar una compensación económica.

Hasta ahora no hay ningún responsable detenido mucho menos procesado, pese a que existen 17 órdenes de captura que están en un “impasse” por al menos 36 recursos que han presentado los imputados, aseguró.

Farfán explicó que uno de los testigos que acudirá a la audiencia era un niño que tenía 5 años cuando se perpetró la matanza y que ahora, ya adulto, vive refugiado en Canadá, desde donde viajará mañana a Bolivia.

Este testigo, cuyo nombre no reveló, perdió a sus padres y 6 hermanos, además de tíos, y “fue protegido por un kaibil (fuerza elite del Ejército) porque era canchito (rubio) y lo adoptó” y lo mantuvo por un tiempo en Petén, dijo.

La otra testigo, Felícita Romero, también perdió a sus padres, cuatro hermanos y abuelito en la masacre, recordó.

En 1994 cuando se realizó la exhumación en un pozo, fueron localizadas las osamentas de 167 de las víctimas de la matanza, 67 de ellos menores de edad, dijo la activista.

La dirigente de Famdegua agregó que durante la audiencia van a presentar a psicólogas que demostrarán “los efectos dañinos que han sufrido los familiares” de las víctimas.

El conflicto armado que acabó el 29 de diciembre de 1996 con la firma de los acuerdos de paz entre el gobierno y la entonces guerrilla, dejó unas 200 mil víctimas, entre muertos y desaparecidos.

La Comisión del Esclarecimiento Histórico (CEH) , que investigó las atrocidades durante la guerra de 36 años, documentó 669 casos de masacres, 626 de las cuales fueron atribuidas al Ejército.

ACAN- EFE