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Han pasado casi dos años desde el 3 de julio del 2007, día en que cuatro encapuchados secuestraron y abusaron sexualmente, en la primera de dos veces, de una mujer que comprueba impaciente la negligencia del Ministerio Público (MP) para llevar ante la justicia a los hechores.

En diciembre del 2007, poco después del segundo asalto sexual, la víctima de 21 años denunció que los autores del vejamen fueron cuatro agentes de la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad (SAAS). Un año después, Prensa Libre publicó la historia de la joven, pero por ahora lo que priva es el silencio, una vida destrozada y la constatación de que en el sistema de justicia de Guatemala impera la impunidad.

“Hay falta de voluntad y negligencia del Ministerio Público para investigar este tipo de casos, porque en año y medio no se ha avanzado en esta investigación, donde están involucrados agentes de seguridad del Estado”, criticó Norma Cruz, directora de la Fundación Sobrevivientes, quien apoya a la joven.

Cruz presume que el único hombre identificado por la joven, David Tereta Coz, debe haber huido del país, pese a que fue destituido de la SAAS en noviembre del 2008, luego de que una evaluación determinó que era una persona poco confiable.

La SAAS —a cargo de la seguridad del presidente— comenzó una investigación interna cuando se tuvo conocimiento del caso, la cual concluyó en que Tereta no tenía el perfil de confiabilidad suficiente para seguir laborando en ese lugar.

Cuando fue despedido, el señalado estaba asignado al servicio de seguridad de la esposa y las hijas de un funcionario del Gobierno. Ahora, se presume que salió del país para evitar el peso de la justicia.

¿Por qué si la SAAS detectó anomalías en su comportamiento no lo sometió a disposición judicial? Esta es una pregunta importante que las autoridades deben contestar.

Incongruencias

Al ser consultado, Álex Colop, fiscal contra la Trata de Personas, aseguró que han avanzado en las pesquisas. “Hemos efectuado reconocimientos de lugares, peritajes y tenemos declaraciones de testigos”, afirmó.

Pero cuando se le pidieron más detalles al respecto, se negó a hablar, “por lo delicado del caso”. A su criterio, hay incongruencia entre la denuncia de la víctima y los dictámenes médicos que se le practicaron.

Colop agregó en su defensa que ha sido difícil identificar a los tres sujetos con la descripción que aportó la joven.

En su denuncia solo identificó con nombre y apellido a Tereta; a los otros tres sujetos los describió como unos hombres con lentes oscuros, ropa negra, cabello corto estilo militar y armados.

Colop expuso que hasta ahora la joven no ha dado más detalles de sus agresores, por lo que están a la espera de que el fiscal general, Amílcar Zárate, le autorice viajar al país donde la joven permanece refugiada, para tomar la segunda declaración.

Según Norma Cruz, la falta de efectividad en la investigación no tiene excusa, y calificó de “negligente” la actuación de la Fiscalía.

“El MP tenía que haber tomado la declaración de la joven cuando aún se encontraba en el país, y no hasta ahora”, señaló.

Añadió que tampoco se ha efectuado el reconocimiento de la casa presidencial del puerto Santo Tomás de Castilla, donde, según la denuncia de la víctima, los cuatro hombres la violaron y le tomaron fotografías y video.

“El MP no ha efectuado una serie de diligencias desde que la joven presentó la denuncia, y por la falta de actuar de los fiscales, se han perdido muchas evidencias en este caso”, argumentó.

La Fundación mantiene en reserva el país donde la joven se ha refugiado, porque ha sido amenazada, después de que denunció a sus agresores.