Prensa Libre - Edición Electrónica

Pareciera que por fin hemos llegado a un consenso básico sobre la problemática de Guatemala. La impunidad es lo más grave que enfrentamos, derivado de la ausencia de un sistema de justicia que opere en forma efectiva, rápida, independiente y que sirva de garantía a nuestro sistema legal y al de seguridad.

Sin embargo, de manera absurda la derecha guatemalteca aún se opone a una reforma fiscal que permita fortalecer el Estado y, en especial, las instituciones de justicia y seguridad ciudadana. ¿Cuándo reconocerán que el tema fiscal es un paso necesario y obligado para todo lo que tiene que ver con un Estado democrático, en particular salud, educación, justicia y seguridad?

En Estados Unidos, el país de economía más liberal, el presidente Obama ha comenzado a reestructurar su sistema tributario, al aliviar la carga fiscal a la clase media, pero también al restablecer impuestos al sector económico más fuerte, impuestos eliminados durante los dos mandatos de George W. Bush. Logra incrementar la recaudación del fisco sin afectar a la clase media y a los sectores más empobrecidos, con lo cual se generan los ingresos necesarios para su plan de reactivación económica.

Mientras, en Guatemala el crimen organizado avanza en su control de territorio nacional y su penetración en las instituciones del Estado, aun en las de Justicia.

Con el caso Rosenberg todos coincidieron en trasladar a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) la responsabilidad de la investigación, por no haber confiado en la capacidad e independencia del sistema de justicia guatemalteco. Ello representa un consenso importante para la Cicig, porque incluso sus detractores lo interpretan necesario, y también constituye una trampa, ya que hoy el prestigio de la Cicig depende de resolver un caso, difícil y en el que aparentemente hay elementos de prueba que se han perdido. Sin embargo, los fiscales del Ministerio Público se escandalizan y, peor aún, la mayoría se solidariza con el ex fiscal Matus, porque la Cicig lo investiga.

Las debilidades de nuestro sistema de justicia, el avance del crimen organizado y la profundización de la impunidad son las causas que propiciaron que el Estado de Guatemala solicitara el apoyo de la Organización de las Naciones Unidas para instalar la Cicig en el país. Pero irónicamente resulta que pese al consenso público de la necesidad de la Cicig, los operadores de justicia pretenden limitar su acción con falsas interpretaciones de su mandato. Esta es una falsa premisa, porque su mandato principal es el de investigar la penetración de los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad en el seno del sistema de justicia.

Con esta visión tergiversada del mandato de la Cicig, una jueza de Instancia Penal ordenó el retiro de la Comisión del caso que se sigue contra Alfonso Portillo por delitos de corrupción. ¿Acaso la jueza nos pretende hacer creer que el ex presidente actuó solo en los actos de supuesta corrupción por los que se procesa? ¿Olvida la jueza que del Ejecutivo han surgido redes ilegales y aparatos clandestinos que deben ser investigados por la Cicig?

Basta ya de tanto absurdo y de permitir que se siga fortaleciendo la impunidad en forma pública y descarada, o nos proponemos seriamente rescatar el sistema de justicia investigando y procesando a quienes se lo merezcan; y fortalecer a la Cicig y levantar nuestra voz de indignación ante las actitudes descaradas, o mejor nos proponemos fundar un nuevo país.