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La Corte de Constitucionalidad (CC) amparó hoy de forma provisional a los rectores de 11 universidades del país, al suspender la palabra “sorteo” del artículo 5 de la Ley de Comisiones de Postulación, con lo que deja sin efecto ese mecanismo para definir la presidencia de las dos instancias que deben elegir a los aspirantes a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y de las cortes de Apelaciones.

Los universitarios acudieron ayer al tribunal constitucional para impedir que la presidencia de las comisiones surja de la suerte, como ocurriría con el sorteo, que el Congreso tenía previsto efectuar el 2 de julio próximo, pero ahora queda cancelado hasta que haya un fallo definitivo.

Los rectores creen que el sorteo que estipula la Ley de Comisiones de Postulación contradice a la Constitución Política, porque ésta manda que las presidencias se determinan por medio de elecciones entre los mismos universitarios.

En ese sentido, la CC deja sin efecto el sorteo y abre sus puertas para que, en 15 días, haya pronunciamientos entre las partes (rectores, Ministerio Público, Congreso y la Presidencia) con el objetivo de que los magistrados emitan un nuevo fallo en un plazo de 30 días, que puede confirmar el presente o emitir otro distinto.

Horas antes de que se conociera el fallo de la CC, grupos de sociedad civil habían exhortado a los magistrados a que no diera trámite a la acción de inconstitucionalidad de los universitarios y dejara como tal la Ley de Comisiones de Postulación para que se llevara a cabo el sorteo, porque creen que no existe ninguna inconstitucionalidad.

La integración, según la ley

Las comisiones son presididas por dos rectores y las integran los nueve restantes, más 11 representantes del Colegio de Abogados, y 11 decanos de las facultades de Derecho e igual número de representantes de la CSJ y cortes de Apelaciones.

Las comisiones deberán recibir las hojas de vida de los abogados aspirantes a esas instancias, entre los cuales deben elegir a 164 para las salas de Apelaciones y 26 para la CSJ para promoverlos ante el pleno de diputados, que debe elegir a la mitad de cada grupo antes de octubre, cuando los nombrados deben ser juramentados.

La Ley de Comisiones de Postulación surgió como un mecanismo legal para que garantice la transparencia y publicidad del proceso, en un intento de evitar que grupos de presión copen espacios en esas altas esferas de la justicia guatemalteca.

El proceso ahora es observado de cerca por grupos de sociedad civil y de cierta manera por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), cuyo director, el español Carlos Castresana, ha dicho que la forma “corporativa” en la que se eligen las autoridades judiciales es única en el país, para inferir que es necesario un cambio en el procedimiento.

Con información de Coralia Orantes