Prensa Libre - Edición Electrónica

La jornada de violencia del martes último, una más de las que ya estamos acostumbrados a vivir, dejó varias situaciones que vale la pena analizar detenidamente.

La primera es que la muerte está a la vuelta de la esquina y con mayores probabilidades de que ocurra al utilizar el transporte colectivo. Una vez más el transporte de personas acaparó la atención de los noticieros, y esta vez una persona de la tercera edad fue asesinada en un ataque armado perpetrado por sicarios, que también dejó a un piloto herido. La violencia continuó por tres horas más, y también el número de víctimas, entre quienes se incluyó a un agente de la PNC.

En un país como Guatemala, donde ocurre un promedio de 17 asesinatos por día, no es extraño que este tipo de cosas sucedan; sin embargo, la noticia se empezó a sobredimensionar a tal grado que se generó paranoia colectiva. Luego vino el rumor de que el Gobierno decretaría un estado de Excepción, como si no lo hubieran implantado ya los delincuentes, que nos tienen de rodillas y al borde de la histeria colectiva. Sin querer ser pesimista, puedo asegurar que no será la última jornada violenta que viviremos porque, pese a las declaraciones de los gobernantes, la situación continúa igual, y ayer mismo se comenzó el día con nuevos ataques a pilotos.

Lo diferente del martes fueron las bolas y rumores. Y así como los gobernantes dicen que podría haber gato encerrado en esta serie de ataques para desestabilizar al Estado, creo que también es válido de parte de los ciudadanos de a pie pensar que podría haber gato encerrado de parte de los gobernantes, que quieren que los diputados a toda costa aprueben el mamarracho llamado Ley de Armas y Municiones, que a quienes paradójicamente beneficiará será a los delincuentes.

Podría ser que esta “ola” de violencia infle de valor patriótico el pecho de los diputados y aprueben hoy de urgencia nacional dicha ley, para que los delincuentes, contritos, arrepentidos y obedientes, ya no busquen agenciarse de armas en el mercado negro, sino “formalizarse”. Claro que una vez aprobada tan importante legislación, las colas de delincuentes frente al Departamento de Control de Armas y Municiones serán interminables y todos, sin excepción, registrarán sus armas para que cuando asesinen y hieran a sus víctimas sean localizados de inmediato y sobre ellos caiga todo el peso de la ley.

Los que se roban (como siempre) el espectáculo son los diputados hipócritas, que por un lado se golpean el pecho y rasgan las vestiduras diciendo que van a “salvar a los guatemaltecos” de la maldición de las armas, pero por el otro se reservan el privilegio de que todos los diputados, funcionarios y hasta los ex funcionarios (aló, Portillo) pueden andar armados como y cuando se les dé la gana sin siquiera tener que registrar sus armas. ¡Qué de al pelo! Esto simplemente es inaceptable. Es el colmo del descaro de los “dipucacos”. ¿Será que ellos causaron lo del martes para aprobar más rápido la ley?

Yo no sé, usted, pero recuerdo varios reportajes donde más de algún funcionario pasado de copas ha desenfundado su arma y disparado a diestra y siniestra, y ya no digamos aquellos que hasta orgullosos se sienten de afirmar que han asesinado.

Así es que hay que tener cuidado con tanto gato en los tejados y desconfiar de las intenciones de los diputados.

jjacobs@libertopolis.com