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Los habitantes de Santa María Cunén realizaron una consulta comunitaria hace unos días, y dio como resultado un rechazo total a la minería en ese municipio. Estas consultas las establece el Convenio 169, que el Gobierno de Guatemala viola constantemente. Por eso hay que destacar las palabras de don Diego Us, presidente de uno de los consejos comunitarios de una aldea, al comentar que “ese ejercicio permite reafirmar a la población como dueña de su territorio, y no los gobernantes y diputados” (Prensa Libre, 30/10/09). Cunén, entonces, se suma a otras comunidades que rechazan la explotación minera por las consecuencias a la salud de los habitantes de los alrededores y al medioambiente. Por supuesto, que los que no salen afectados directamente van a criticar a estas comunidades de estar en contra del progreso; pero ya veríamos si dicen lo mismo si en su vecindario se iniciara una explotación minera.

Habitantes de San Miguel Ixtahuacán ya han demostrado con sus casas rajadas los primeros efectos que ha provocado Montana en aquel lugar y sobre eso a finales de septiembre se informó que esa empresa no permitió el ingreso de técnicos del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) para efectuar análisis en el depósito de desechos líquidos. Luego se argumentó que fue porque esa empresa utiliza fórmulas propias. Es más, esa entidad adeudando Q12 millones al MARN por licencias ambientales, conforme a declaraciones de la diputada Rosa María de Frade (La Hora, 24/09/09), todavía se le dejó desembarcar cianuro e incumple con la Ley de Acceso a la Información Pública.

Por esta clase de abusos es que los resultados de la consulta efectuada en Cunén deberían ser atendidos por las autoridades de gobierno; aunque esto es difícil imaginarlo porque más parecen funcionarios de las empresas mineras y no depositarios del poder público que proviene del pueblo. Lo previsible es que se diga que las consultas no están reguladas y que no son vinculantes. De ahí la importancia de la iniciativa de la Ley de Consultas a los Pueblos Indígenas, que ya recibió dictamen favorable de la Comisión de Pueblos Indígenas del Congreso; pero siendo realistas, esto también se ve cuesta arriba. El dictamen lo emitieron 17 diputados indígenas, y para que sus pares ladinos lleguen a aprobarla se necesita ser demasiado optimista o tal vez ingenuo. Digo esto porque en la elección de magistrados para la Corte Suprema de Justicia, por ejemplo, los diputados indígenas ni pío dijeron en el caso del único abogado maya que estaba entre los 26 candidatos y votaron como les fue indicado por sus jefes partidarios. Pero bueno, es mejor que yo esté equivocado y que esa ley llegue a ser realidad.