En marzo se vencen los cinco años plazo que tiene el Congreso para crear la Procuraduría del Consumidor, según la ley de Protección al Consumidor y Usuario, decreto 6-2003.

Este decreto creó la Dirección de Atención al Consumidor (Diaco), que deberá convertirse en una Procuraduría en breve.

Aunque la Comisión del Consumidor del Congreso ya había dado dictamen favorable a una iniciativa presentada en el Gobierno anterior, la directora de la Diaco, Silvia de Padilla, explicó que se busca que la misma regrese a la comisión ya que tienen más de 200 errores.

Una nueva versión está en revisión en la Secretaría General de la Presidencia de la República y se espera que esté lista pronto para cumplir con los plazos.

La presidenta de la Comisión del Consumidor del Congreso, Nineth Montenegro manifestó que en tanto no llegue la nueva iniciativa del Ejecutivo, la comisión analizará, a partir del jueves próximo, la propuesta que ya tiene dictamen, para corregir los errores, pero coincide en que es necesario impulsar cambios a la actual legislación del consumidor.

Con mayor poder

La Procuraduría necesitaría anualmente un presupuesto de Q90 millones. Según De Padilla, el presupuesto ya no dependería del Ministerio de Economía como actualmente se asigna a la Diaco, sino que se asignará al Presupuesto del Estado.

La funcionaria consideró que el presupuesto deberá ser mayor cuando inicie la descentralización de funciones a los 333 municipios del país.

El Procurador será nombrado por el Presidente de la República por un período de cinco años.

La diferencia entre la Procuraduría y la Diaco es que no sólo emitirá una sanción moral, sino que establecerá sanciones para infractores, que van desde apercibimiento público, sanciones, multas, hasta denuncias penales.

Cuando se detecte delitos como estafa, apropiación indebida o de especulación de precios se trasladaría al Ministerio Público.

Se propone la creación de una Fiscalía del Consumidor, y la adecuación de los juzgados del Organismo Judicial para atender esos casos, explicó de Padilla.

Actualmente se puede aplicar de 1 a 80 humas (1 huma es un salario mínimo), pero con la reforma se establecerían multas mayores por los bienes o servicios que sobre pase de los Q100 mil.