Oprobiosa fue la exhibición de prepotencia del 6 de septiembre en el Congreso de la República, durante la cual el presidente del Congreso, Allan Rodríguez, prolongó una votación perdida por casi una hora, con el afán de buscar a toda costa los votos para aprobar un segundo estado de Calamidad. Diversas bancadas de oposición rompieron sus diferencias habituales para rechazar el decreto. No obstante, después de todo el alboroto, los aliados bisagra regresan, continúa el desinterés por las plenarias, cuyo quorum no se logra y que finalizan sin pena ni gloria. En otras palabras, regresó el día a día anodino de la peor legislatura de la era democrática.

Las avenencias están por verse alimentadas a fuerza de millones de quetzales proyectados en la iniciativa de Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Nación para el 2022, cuyo monto pretendido asciende a Q103 mil 992 millones, pero del cual solo están cubiertas tres cuartas partes por estimaciones de recaudación fiscal para el próximo año. Los ingresos calculados serían de Q79 mil 630 millones, un 76% del total. Para sufragar el resto se incluyen varias opciones de endeudamiento por un monto de Q24 mil 360 millones.

En todo caso, queda en manos de los diputados la confirmación y modificaciones del gasto para el próximo año. Desafortunadamente, se avizora una discusión secretista, poco técnica y centrada en el panorama de un año preelectoral. Los antecedentes no son halagüeños, sobre todo la más reciente discusión de la Calamidad, que obviamente no estaba centrada en la optimización del sistema hospitalario, sino en la aceleración de múltiples adquisiciones, muchas de las cuales no tenían que ver con la pandemia.

La adquisición de nueva deuda pública es la recurrente preocupación, puesto que con cada plan de gastos se convierte en el parche a la medida para suplir el desmesurado crecimiento del aparato público y de los gastos de funcionamiento, factores que siguen un aumento vegetativo combustionado por las deudas clientelares, los pactos sindicales lesivos y las adquisiciones opacas, cuyos montos se reparten entre comisiones ilícitas, sobrecostos y deficiencias de fabricación.

Es improbable que este irresponsable Congreso proceda a discutir una seria Ley de Servicio Civil que transforme las contrataciones del Estado, que proceda con la elección de viva voz de magistrados de Corte Suprema de Justicia y salas de Apelaciones, pues todavía están esperando un fallo condescendiente de la Corte de Constitucionalidad que ellos mismos eligieron a la medida de su talante ético; es improbable, por no decir imposible, que fortalezcan el sistema político mediante las faltantes reformas a la Ley Electoral o que logren aprobar una Ley de Infraestructura Vial que erradique la influencia malsana de diputados contratistas y de contratistas sufragadores de ulteriores campañas electoreras.

A menos que los opositores se integren en un frente guiado por el bien común, se volverá a repetir el lamentable espectáculo de una alianza oficialista políticamente endeble, pero remendada a base de bolsones de gasto opaco y ofrecimientos de proyectos dirigidos no al desarrollo integral, sino a financiar los obsequios anodinos del año previo a la campaña electoral. Nunca se debe excluir la posibilidad de un milagro, y este sería que se desarrollara una discusión madura, visionaria, constructiva e integral del decreto de presupuesto. Pero sería eso, un milagro.