El diputado oficialista Cándido Leal cometió un error de tino y expuso un flagrante conflicto de interés que hasta ahora solo era una suposición, una sospecha, una suma de situaciones. Al proveer referencias laborales para acreditar el tiempo mínimo de 10 años de ejercicio profesional de Érick Mazariegos, uno de los 33 aspirantes a dirigir la Contraloría General de Cuentas, ha puesto en evidencia sus fuertes nexos personales con este, así como la avidez de la bancada oficialista y también del Ejecutivo por tener un allegado en donde debe haber un fiscalizador.

Un detalle más: la empresa en la cual laboró Mazariegos solo tiene 1 año y 11 meses de existencia. Cándido Leal es uno de sus propietarios y afirma que existe desde 2008 pero que ha cambiado de nombre tres veces por motivos “personales”: primero fue Leal Aguilar, después se llamó Inversiones Generales Leal y después Grupo de Servicios Corporativos Leinde. El diputado asevera que el candidato a contralor laboró allí desde 2011, por lo cual se apresuraba a entregar todas esas constancias para tratar de desvanecer una impugnación presentada a la Postuladora. “Yo la quitaría”, dice, como si formara parte de tal cuerpo colegiado, y a la vez denota a quién favorecería con su voto en caso de llegar a integrar la nómina final.

Los retrasos en la integración de la Postuladora por supuestas rencillas en los colegios profesionales favorecieron, por coincidencia, a Mazariegos, quien en un proceso normal difícilmente habría podido participar porque no tenía la edad mínima requerida: 40 años, que cumplió el 18 de septiembre último. La Comisión Postuladora fue juramentada el 21 de ese mes. Vaya casualidad, así como también lo es que Mazariegos haya sido el secretario de finanzas del partido Vamos y que su actual cargo sea subsecretario de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia.

Es esta vinculación directa con el gobierno central la mayor barrera para que Mazariegos pueda desempeñar la labor inquisitiva que precisa la auditoría del Estado, y además su evidente simpatía partidaria podría convertirse en factor de prejuicio o favoritismo en pleno año electoral, cuando la Contraloría emite o deniega finiquitos a alcaldes y funcionarios que hayan manejado recursos del Estado. En otras palabras, la tácita impugnación viene de sus propias simpatías.

Por otra parte, aunque suene obvio, los mínimos no pueden ser máximos, a menos que estos se tornen mediocres. Apenas cumplir con la edad requerida es solo un legalismo debajo del cual subyace el valor de la madurez, la ecuanimidad y el dominio de sí. Lo mismo cabe decir de los 10 años rasos que el diputado Leal se apresura oficiosamente para tratar de acreditar: es un parámetro de tiempo mínimo pero que en el espíritu de la ley significa trayectoria destacada, excelencia constante y proyección social innegable. Si necesita que su exjefe lo defienda con papeles desde su cargo público, sin duda habrá mejores prospectos para ese cargo.

Si existe una treintena de participantes y se desecha a la mitad, incluyendo a Mazariegos por posibles nexos políticos y gubernamentales, quedará todavía un buen número de perfiles para seleccionar la nómina. Será notorio cualquier intento por colocar a la fuerza a un aliado oficialista en una institución llamada a ser siempre independiente, fuertemente autónoma y permanentemente fiscalizadora. Si el atraso causado por las reyertas de colegios profesionales no fue una dilación disimulada, están a tiempo de demostrar que su ética de trabajo no se vende ni se presta a artimañas de cooptación.