A pesar de todos los ruidos de supuesto sesgo ideológico, de victimizaciones vacuas y de litigios dilatorios introducidos a lo largo del sinuoso proceso del caso La Línea, el mismo concluyó finalmente con algunas absoluciones y con la declaratoria de culpabilidad del expresidente Otto Pérez Molina y de la exvicepresidenta Roxana Baldetti por caso especial de defraudación aduanera y asociación ilícita. Aunque el exbinomio del hoy extinto Partido Patriota enfrentaba un tercer cargo, por enriquecimiento ilícito, el Ministerio Público fue incapaz de demostrarlo.

El solo fallo de culpabilidad de los dos delitos cometidos por las máximas autoridades del Organismo Ejecutivo entre el 2012 y el 2015, marca desde ya un precedente histórico, dado que se trata de un proceso judicial inédito, enorme, que ha puesto a prueba la institucionalidad de la impartición de justicia en el país. Es innegable mencionar que aún polariza opiniones el papel de la ya desaparecida Comisión Internacional contra la Impunidad (Cicig), pero fue la que destapó el caso en abril del 2015, el cual condujo a la renuncia de Baldetti en mayo y la de Pérez Molina en septiembre de aquel año, en medio de masivas protestas ciudadanas cuyo reclamo de justicia recibe hoy una respuesta.

El testimonio de dos colaboradores eficaces que develaron ilícitos manejos en las aduanas y la aceptación de cargos, en el 2020, de cinco importadores que confesaron haber utilizado los servicios de “La Línea” son piedras angulares de la acusación. Los integrantes del Juzgado de Mayor Riesgo B continuaron con el juicio iniciado el 17 de enero, a pesar de haber perdido hace tres semanas a su titular, el juez Miguel Ángel Gálvez, quien renunció desde el exilio por temor a un desafuero por otra causa.

Sobre Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti recae la vergüenza pública de haber roto el juramento que hicieron el 14 de enero del 2012, cuando asumieron los cargos para los cuales fueron electos. En mítines, foros, debates y entrevistas aseveraron a la ciudadanía que combatirían la corrupción, el hambre y la pobreza. El fallo de culpabilidad por los delitos señalados exhibe la falsedad de sus discursos, el uso del Estado para su propio beneficio y el menosprecio de la inteligencia del pueblo que los eligió. Su pésimo ejemplo condujo a que otros funcionarios de su administración incurrieran en delitos de corrupción, por los cuales varios han sido procesados y sentenciados.

La acumulación de procesos judiciales contra exfuncionarios del PP por delitos contra el erario constituye un indicio de la impunidad prevalente entre el 2012 y el 2015. En esos años aumentó la desnutrición, continuó el deterioro vial, prosiguió la precariedad en el sistema de Salud y se pronunció la decadencia de la educación pública. Pese a ello, ese grupo ya ambicionaba la reelección a través de la precandidatura de un exministro mediocre y de rancio abolengo. El estallido de La Línea detuvo sus planes.

El mayor delito de Pérez y Baldetti no se encuentra tipificado en el Código Penal: fallarle a un país en crisis que puso en ellos sus esperanzas de transformación, de cambio y mejora. Resultaron igual o peor que el período precedente, dirigido desde las sombras por una despótica figura de la vieja política. “El concepto de respeto a la autoridad, la justicia y el imperio de la ley han sido sustituidos por una cultura de corrupción e impunidad generalizada”, dijo Otto Pérez Molina en su discurso de toma de posesión el 14 de enero del 2012. Hoy se sabe que no era la descripción del pasado, sino la premonición de su desgobierno. Y, tristemente, no ha sido la única.