La tendencia cambió hasta llegar a donde estamos hoy, cuando se ha vuelto casi normal —desde fuentes oficiales y ciertas plumas—  que se califique de terroristas a quienes quieren evitar la destrucción y la contaminación de los lugares donde viven. Es comprensible que los accionistas de proyectos que perdieron su buen nombre -como los de explotación de oro, plata y petróleo y algunas hidroeléctricas- se sientan amenazados por esta resistencia, pues se traduce en pérdidas monetarias para ellos.

Pero hay otros sectores poderosos, nerviosos y más que molestos ante el atraso de sus negocios, encabezados por funcionarios del Gobierno a quienes se les acaba el tiempo. Están tan afligidos que —según un  excelente reportaje de Owaldo Hernández en Plaza Pública, del 16 de julio—  desde marzo del 2013 “acordaron”  que los conflictos sociales derivados de proyectos extractivos se aborden desde la perspectiva de Seguridad Nacional: quienes se opongan a la minería serán vistos como una “amenaza contra la seguridad del Estado”. Para encarar la nueva amenaza crearon el Grupo Interinstitucional de Asuntos Mineros, subordinado a la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad. Su función, según el ministro López B., es identificar “lo que ha fallado en temas de seguridad e impacto social”  en los lugares donde imponen los proyectos mineros.

Para “generar confianza”  (y posiblemente ante el notorio fracaso del Sistema de Diálogo Nacional) abrieron una primera Oficina Interinstitucional de Desarrollo Integral, que es —en realidad y aunque cause temor señalarlo—  una oficina de inteligencia, en San Rafael Las Flores. ¿Abrirán oficinas así en cada sitio donde hay resistencia a un proyecto minero? Según el reportaje de Hernández, para Edelberto Torres “un gobierno de corte militar y con profundos antecedentes que lo ubican en la génesis de la política contrainsurgente aplicada durante la guerra interna, reaccionará y priorizará en la misma forma en que lo hizo antes”.

¿Quién es terrorista y subversivo? ¿Quién defiende su tierra y su hogar  o quién la vende? (La Comisión de Energía y Minas del Congreso convoca a audiencias públicas a los grupos interesados, para que presenten observaciones, comentarios y propuestas,  pues dispone aprobar reformas a la Ley de Minería. Manifestar interés en oficio dirigido a la Comisión, 10a.  calle 6-81,  zona 1,  o al 2244-7878 Ext. 2367. las audiencias públicas  iniciarán  el 21 de julio, son 15 minutos  para cada organización. ¡Pilas,  pues!).