Con lamentable frecuencia, las llamadas “mesas de diálogo” han sido hasta ahora eufemismos para dilación, burocracia, bajarle intensidad a ciertos temas e incluso pasarle la estafeta a otra entidad, institución o persona. Esto no quiere decir que el diálogo como concepto no funcione. De hecho, el fin de los lamentables y dañosos bloqueos de octubre ocurrió gracias a mediaciones de entes y países amigos. La actitud asumida por el anterior ministro de Gobernación, Napoleón Barrientos, y también de su sucesor —muy a pesar de las presiones del Ministerio Público y la misma Corte de Constitucionalidad— de afrontar las manifestaciones a través de la palabra y no de la fuerza, exhibe el gran potencial de esta herramienta.

La democracia es en efecto un sistema de conversaciones, de consensos y, por supuesto, de decisiones en favor del bien común. Que la politiquería no lo pueda o no lo quiera entender es asunto aparte. Que los criterios despóticos carezcan de la capacidad de empatía —y, por supuesto, de la simpatía ciudadana— no es extraño, puesto que tales afanes se empecinan en beneficiar a pequeñas camarillas de intereses miopes, infames clubes de inescrupulosos y bandas dedicadas a lucrar con la necesidad pública. Por eso intentan pervertir el andamiaje democrático, para que funcione a su conveniencia.

El gran diálogo nacional, repetidas veces intentado, no es una quimera ni una utopía. Debe propiciarse nuevamente para escuchar a la ciudadanía y a los sectores que integran la sociedad guatemalteca, pluricultural y multilingüe. Los temas por tratar son los problemas torales del desarrollo nacional: educación, salud, infraestructura, competitividad para la generación de empleos, conservación y recuperación de recursos ambientales y, por supuesto, seguridad.

Una premisa clave del diálogo es que no se puede complacer a todos y que cualquier arreglo de conflictos o intereses legítimos entre dos o más sectores implicará que todos cedan un poco en sus pretensiones. Otro elemento clave es que pueden discutir marcos normativos de la funcionalidad estatal, electoral o política, pero están fuera de discusión artículos pétreos constitucionales, que aseguran garantías fundamentales como la libertad de expresión, de acción, petición y asociación.

Tampoco se trata de armar una especie de gran congreso ciudadano fugaz cuyas discusiones y conclusiones se registren en un tomo y queden para la historia. Ya ha ocurrido. Un punto de encuentro de esta magnitud debe sistematizarse, convertirse en un flujo de comunicación entre la ciudadanía y el Estado. Los mecanismos de diálogo han sido relegados, en cuanto a recursos, personal y vinculancia precisamente a partir del vicio que se señala al inicio: armar instancias llamadas de “diálogo”, pero solo para que bajen las aguas, pasar el momento álgido y proseguir las autoridades en una ruta unívoca e intolerante.

Las posturas manifestadas por grupos ciudadanos, gremios empresariales, universidades, Conferencia Episcopal, comunidades y organizaciones indígenas, centros de investigación social, académicos, constitucionalistas y asociaciones de profesionales respecto de la crisis política detonada por las acciones del Ministerio Público en contra del proceso electoral deberían haber dejado claro que la ciudadanía está abierta a dialogar y, por lo tanto, no está dispuesta a perder su democracia, que se basa en escuchar voces múltiples, y no intransigentes monólogos leguleyos.