Hace tres años, el 5 de noviembre del 2020 fue una fecha fatídica para la comunidad Quejá, en San Cristóbal Verapaz. Parte de un cerro se derrumbó a causa de las constantes lluvias y sepultó al menos 85 viviendas. Hubo un centenar de muertos y desaparecidos. Familias completas. En las tareas de rescate solo se recuperaron unos cuantos cuerpos. Se declaró estado de Calamidad y se anunció la reconstrucción del poblado. La sola declaratoria de inhabitabilidad se tardó siete meses, pues fue emitida en julio del 2021.

Si bien se trasladó el pueblo a otro terreno y fue llamado Nuevo Quejá, los trabajos adolecieron de retrasos burocráticos y ejecución a medias, sobre todo en cuanto a la recuperación del tejido social. En lugar de abordarse el proyecto como una comunidad modelo en la cual se aplicaran criterios urbanísticos y de desarrollo rural, prevalecieron el descuido y la improvisación. Además, no fue la única comunidad dañada en Alta Verapaz. El centro urbano de Campur, en San Pedro Carchá, permaneció varios meses bajo el agua, con la correspondiente pérdida de bienes y cultivos. Los propios pobladores tuvieron que salir adelante con sus propias fuerzas y a veces con ayuda de familiares migrantes, dada la desigual, discontinua y opaca entrega de ayuda estatal.

Hace una semana se temían los potenciales efectos de la tormenta Pilar, que al final tuvo un rumbo errático y se internó en el Pacífico, no sin dejar cauda de lluvias. Sin embargo, es el fenómeno atmosférico denominado vaguada lo que prolongó la precipitación pluvial, en especial en el norte del país, con la consecuente crecida de ríos y saturación de suelos, que ocasionan daños materiales aún no cuantificados.

Los efectos de las lluvias recientes son intensos en Uspantán, Ixcán y Cunén, Quiché; también en San Juan Chamelco, Panzós, Cobán y San Cristóbal Verapaz, Alta Verapaz. Pero no son los únicos ni los primeros. Según cifras de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, la temporada de lluvias ha afectado a 4 millones de guatemaltecos, hay 9 mil damnificados y 60 fallecidos, lo cual evidencia la persistente vulnerabilidad del país.

La infraestructura vial se ha visto dañada en varias regiones, incluidos casos conocidos por su pésima supervisión y tardía atención estatal, como el socavón del kilómetro 19 de la ruta al Pacífico. En otras palabras, la población sufre la pérdida de viviendas, de pertenencias, animales domésticos, sembradíos y vehículos, a la vez que todo el país padece los efectos de los congestionamientos de tránsito por derrumbes y colapso de estructuras.

A finales del 2020 existía alguna expectativa de que el gobierno de Alejandro Giammattei, en su primer año, hiciera algo distinto para atender la penuria de la población, y que implementara la modernización del monitoreo climático como herramienta preventiva primordial. A 68 días del fin de su mandato es improbable. El proyecto de instalación de 340 estaciones de monitoreo climático era, en sí mismo, insuficiente, aunque al menos ofrecía una posibilidad de mejora en el seguimiento local de fenómenos atmosféricos. Este plan también se vio entorpecido por el fraude en la compra de equipo sísmico y meteorológico para el Insivumeh. En junio fue ligado a proceso judicial por este caso el diputado Jorge García Silva, señalado de amañar la millonaria compra. Sin embargo, ahí tampoco pone presión ni celeridad el Ministerio Público, pese a que tal dilación puede haber cobrado vidas en tres años.