EDITORIAL

Prolongada deuda estatal con los migrantes

Más de 220 mil guatemaltecos fueron detenidos durante el último año fiscal estadounidense —de octubre del 2022 a septiembre del 2023— en la frontera de dicho país con México. Dicha cifra constituye una merma respecto de los 284 mil detenidos entre el 2021 y el 2022, pero también una prueba de que continúa el éxodo de connacionales en busca de oportunidades de trabajo, cuya gran mayoría son jóvenes de entre 15 y 30 años, con lo cual Guatemala pierde parte de su bono demográfico y población en edad productiva.

El flujo de remesas en dólares enviadas por los compatriotas a sus familias prácticamente equiparó en 11 meses —de enero a noviembre últimos— el total de lo enviado durante todo el año anterior. Las divisas enviadas en el 2023 suman US$18 mil 39 millones, mientras que en el 2022 fueron US$18 mil 40 millones, lo cual augura con toda seguridad que nuevamente se romperá un récord anual, con lo cual las remesas continúan siendo un pilar de estabilidad económica nacional, abarcando el 20% del producto interno. Dichos recursos dinamizan el comercio, puesto que son invertidos en alimentación, construcción, pago de colegiaturas y servicios médicos, creación de negocios y también para ahorro.

Hoy que se conmemora el Día Internacional del Migrante, es necesario resaltar el aporte de los guatemaltecos que viven fuera de Guatemala, pero que dejaron aquí su corazón: padres, hijos, cónyuge, hermanos, a quienes apoyan mediante el envío de recursos económicos, un gesto de amor con impacto macroeconómico y que contribuye al crecimiento económico que sucesivos gobiernos tratan de vender como logro. De hecho, existe un largo adeudo de gestiones estatales para esa población, cuyo número se calcula en 2.93 millones de connacionales.

Es frecuente la queja de servicios consulares insuficientes, trámites engorrosos y largos plazos para la entrega de documentos como partidas de nacimiento, DPI o pasaporte. Si bien el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Instituto de Migración anuncian consulados móviles y apertura de nuevas sedes, la presa de requerimientos sigue superando la capacidad instalada. A menudo se argumenta falta de recursos económicos, pero a ello habría que contrastar el aporte monetario creciente de los migrantes. Esta situación incluso los ha hecho víctimas de abusos de tramitadores que efectúan cobros excesivos hasta por una fotocopia, un requisito que en plena era digital es simplemente ridículo.

Muchos fueron los ofrecimientos como candidato a los migrantes del presidente saliente, Alejandro Giammattei, pero las quejas de connacionales siguen. Tuvo la oportunidad, la invitación para acudir en una cumbre específica de migración con el presidente Joseph Biden en el 2022, y no asistió, por descontento con la designación de personajes corruptos por parte del Departamento de Estado. Fue la oportunidad para solicitar directamente a Biden un estatus de protección migratoria, TPS, para más de dos millones de guatemaltecos no legalizados. Hizo el pedido a través del canciller, pero obviamente no fue lo mismo y nunca obtuvo respuesta. Otros países sí recibieron el beneficio.

Con el gobierno entrante se despiertan nuevas esperanzas. La gestión de dicha solicitud, así como la mejora, expansión y modernización de servicios consulares deben tener resultados tangibles en corto plazo, dados los incumplimientos previos. Los migrantes guatemaltecos son vitales para sus familias y también para el país. Son una Guatemala más allá de las fronteras.

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