Tarde o temprano se descubre la huella de los recursos provenientes de actividades ilícitas como el narcotráfico, las extorsiones, el contrabando o la vulgar corrupción de malos servidores públicos que en realidad solo sirven a su desbocada ambición. En un mundo interconectado, con un sistema financiero actualizado en tiempo real, las alertas de transacciones sospechosas saltan tarde o temprano. Las instituciones bancarias serias tienen el compromiso nacional e internacional de colaborar con el combate de estructuras delictivas que intentan disfrazar, fragmentar, trasladar o subrogar capitales.

Es llamativo que en el último año de gobierno se haya disparado un 100% la cantidad de alertas emitidas por la Intendencia de Verificación Especial (IVE) del Banco de Guatemala, una entidad creada en 2011 precisamente ante el aumento de los intentos por insertar dinero sucio en el sistema bancario. En 2022 se denunciaron transacciones por un monto de Q3 mil 906 millones, pero en 2023 el total alcanzó los Q7 mil 802 millones, lo cual ya despierta ojeriza acerca del origen y destino de tan voluminosas cantidades de dinero.

La temporalidad no necesariamente quiere decir que todo se pueda atribuir a actos de corrupción en la administración pública, pero en año electoral se mueven muchos fondos e intereses; a nivel de municipalidades y contratos de obra también se movieron muchos contratos de obras con frecuentes dedicatorias a determinadas empresas allegadas, pero con poca o ninguna fiscalización, sobre todo a escala de distritos. Es tarea del Ministerio Público seguir esas alertas, sobre todo en áreas de alta actividad de bandas de trasiego de drogas.

La alta cifra de alertas también puede tener su origen en ciertos patrones de envío de efectivo en áreas fronterizas del país. En municipios como Esquipulas es común encontrar agencias bancarias con largas filas de personas extranjeras, quienes cobran supuestas remesas personales a cambio de una pequeña fracción. La mayor parte de esos envíos son entregados en efectivo a tramitadores o encargados de trata de personas que incluso rentan hoteles y pensiones enteros. Esto también ocurre en otros municipios limítrofes, pero a la fecha no se sabe de una pesquisa a gran escala para comprobar el origen y la legalidad de tal práctica de fragmentación.

Las alertas de la IVE también sirven para detectar súbitos aumentos de capital o voluminosas adquisiciones de propiedades inmuebles, vehículos y otros artículos suntuarios. Cada ciudadano tiene un perfil socioeconómico claramente marcado a través de una secuencia de transacciones. Con más de dos décadas de existir el sistema de alertas bancarias, se trata de un referente confiable, al menos para inquirir en aquellos casos de repentina riqueza.

El sistema bancario internacional también tiene la obligación de reportar transacciones ilícitas, sobre todo por requerimiento de Estados Unidos. Ese es precisamente el gran peso de sanciones como la designación por Ley Magnitsky, que representa un embargo total de fondos depositados en entidades relacionadas con el sistema financiero estadounidense. Toda persona que mueva capitales fruto de ilícitos está en constante temor de ser detectada por estas vías de monitoreo institucional. Ello las conduce a incurrir en prácticas de testaferrato, las cuales a su vez también pueden encender alertas. Ya existen precedentes de cómo la ruta del dinero puede llevar a la cárcel.