En efecto, de las personas acusadas, dos llegaron por sus propios medios, y las otras fueron trasladadas de sus oficinas o residencias, lo cual no tiene nada de extraño. Sin embargo, fue innecesario el envío de docenas de agentes armados, así como engrilletarlas, sobre todo en los casos de quienes se habían presentado a las autoridades.

Llamó la atención que los acusados hayan debido pasar tres noches en la “carceleta” del edificio de tribunales, porque las diligencias legales no pudieron realizarse por causa de la ausencia de representantes del Ministerio Público. Será hasta hoy a las 9 de la mañana cuando se realice la diligencia legal de un caso en que se deben conocer las causas de la quiebra del banco, tanto internas como internacionales, pero también gubernativas y de las autoridades bancarias de cuando pasó todo.

Este artículo no se refiere a los aspectos legales, sino a las humillantes condiciones de los centros de detención. La carceleta mencionada está situada en el sótano, al lado de la rampa de ingreso al estacionamiento, y tiene no más de 1.50 metros de ancho por seis o siete de largo. Las personas deben dormir en bancas de concreto o en el suelo, sin servicios sanitarios dignos. Lo peor: ser enviado allí es considerado prueba de muy buena suerte, porque la opción es el Centro Preventivo de la zona 18, donde la vida de todo capturado corre peligro real y las vejaciones pueden ser inenarrables.

Con razón, los defensores de los capturados consideran hay alguna razón escondida para realizar estas capturas en ese día y la época del año. Aquí el punto principal es que tales consideraciones se pueden realizar en la totalidad de los casos. Llegar a un centro de detención no es experiencia agradable en ningún país, pero en Guatemala se vuelve una tragedia adicional. Sin entrar a considerar la culpabilidad o inocencia de quienes son apresados, sus familias —muchas veces de escasos recursos— se ven obligadas a dar dinero propio o prestado para comprar protección o asegurarse de que haya alimentos. En fin, es el ingreso en el submundo de las cárceles del país, dominadas por grupos mafiosos.

El caso hoy comentado debe servir, desde el punto de vista de los derechos humanos de quienes son capturados, para despertar el interés público acerca de las condiciones de los centros de detención. Los tribunales son los encargados de dictar sentencia o decidir si hay motivo de aprehensión, pero mientras lo hacen no tiene sentido que las personas afectadas pasen tiempo en bartolinas medievales.