Internacional

Peligra credibilidad de Evo Morales por alzas en combustibles

La Paz.- Miles de manifestantes efectuaron marchas ayer, destrozaron oficinas estatales y se enfrentaron a la Policía en algunas ciudades bolivianas, en rechazo a la subida del 82 por ciento en el costo de los carburantes.

Los bolivianos también criticaron el aumento de 20 por ciento en el salario mínimo público, y pusieron en duda las promesas y credibilidad del presidente Evo Morales.

Las protestas se produjeron en El Alto, La Paz, Cochabamba, Oruro y Tarija, si bien el Ejecutivo las minimizó y el ministro boliviano de Gobierno, Sacha Llorenti, sostuvo que la mayoría de las capitales regionales vivían “una relativa normalidad”.

La mayor y más violenta movilización, efectuada por más de 15 mil manifestantes, unió con una marcha las ciudades vecinas de El Alto y La Paz, gritando consignas contra el presidente y pidiéndole que derogue el decreto sobre los combustibles.

En El Alto, los manifestantes destrozaron a pedradas una oficina sindical, otra de una federación de juntas vecinales, una municipal, y quemaron y saquearon oficinas estatales de cobro de peaje de la autopista que une esa ciudad con La Paz.

“El compañero (Evo Morales) tiene que estar preocupado porque la población recién está empezando a reaccionar”, dijo el secretario ejecutivo de la Federación de Juntas Vecinales de El Alto, Claudio Luna.

“Así como lo hemos subido (a Evo al poder), igual le vamos a bajar; nos hemos dado cuenta que Goni y Evo son la misma porquería, son lo mismo”, citó Patricia Coyo, una lavandera de 30 años. Goni es el apodo del odiado ex presidente neoliberal Gonzalo Sánchez de Lozada.

Las medidas que Morales anunció anteayer para paliar el aumento de los combustibles, incluido un aumento de 20 por ciento en el salario mínimo público, fueron juzgadas insuficientes por analistas, que creen que el mandatario se juega su credibilidad en esta coyuntura.

El Gobierno justificó el alza con el argumento de que era necesario frenar el contrabando a países vecinos de los carburantes que este año recibieron del Estado una subvención de US$380 millones.

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