Los opositores se preparan para emprender acciones desde marchas hasta paralizar la aprobación del presupuesto del 2008, que el Gobierno estaría urgido para honrar sus acuerdos con el Fondo Monetario Internacional (FMI), según los legisladores.

?Hay una serie de mecanismos para hacerle una guerrilla parlamentaria a Ortega, y obligarlo a respetar el orden institucional en el país, al restituir al Parlamento sus facultades que le han sido cercenadas?, declaró a la Prensa el secretario del Congreso, el liberal Wilfredo Navarro.

Al respecto, Navarro manifestó que estudian la convocatoria a marchas por departamentos hasta concluir con una movilización nacional en la capital, en una fecha que no ha sido determinada.

Asimismo, refirió que no darán trámite a ninguna ley que envíe el Gobierno, así sea de urgencia.

Ley inconstitucional

La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que se constituyó sólo con magistrados sandinistas, declaró inconstitucional una ley aprobada por el Parlamento en la que derogaba a los CPC como instrumentos del Estado.

Los legisladores afirman que esa acción constituye un golpe de Estado al Congreso y reclaman la revocación de la sentencia por Corte plena.

Los diputados opositores que se juntaron en el denominado Bloque contra la dictadura, visitaron el lunes recién pasado la sede de la Organización de Estados Americanos (OEA) para exponer al organismo sobre lo que consideran una ruptura del orden institucional por parte de Ortega.

No obstante, la estridencia del discurso de los políticos inmersos en una nueva crisis institucional en el país, no tiene incidencia en la vida cotidiana de la población. – AFP/DPA.

Creación de los CPC

La creación de los controvertidos Consejos de Poder Ciudadano (CPC), impulsados por el presidente Daniel Ortega y coordinados por la primera dama, Rosario Murillo, fueron instalados el 30 de noviembre pasado en un acto público.

Los CPC se encargan de distribuir granos básicos a bajos precios y pueden ejercer labores de seguridad ciudadana, en coordinación con la Policía, y decidir sobre políticas públicas y de los municipios.