Si la cartera del Interior no  da marcha atrás en el acuerdo, la PDH tiene “la obligación”, como autoridad reguladora de la materia, de impugnar el documento y presentar una inconstitucionalidad, advirtió De León.

Las aseveraciones del magistrado de conciencia son compartidas por organizaciones que defienden los derechos humanos y por profesionales del Derecho, quienes enfatizaron que  el Ministerio se extralimita en sus funciones.

Es ilegal

El procurador destacó que el acuerdo “es solo para el Ministerio de Gobernación, y es como regular de manera interna  el procedimiento a utilizar para dar la información y decir cuándo esta es confidencial o no lo es”.

“El problema es que muchas de esas normativas que ellos incluyen están ampliando lo que establece la propia Constitución”, advirtió De León Duque y recordó que el texto constitucional establece que solo puede haber reserva y clasificación de información en  temas militares y diplomáticos relacionados  con la seguridad del Estado, o aquellos particulares cuando se dieron bajo reserva confidencial.

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“Entonces no es posible que en este acuerdo ellos establezcan cuestiones del patrimonio, en las que deban ver con discapacidad mental. No puede ser, porque están ampliando, están dejando de manera discrecional lo que a ellos les parezca que es confidencial y esto es totalmente ilegal. Solo con esta ampliación e intención de ser ellos quienes  dicen qué es o no es confidencial se viene abajo este acuerdo”, subrayó el procurador.

De León Duque confirmó también que Gobernación no consultó a la PDH previo a la publicación, por lo que habló con Mauricio López Bonilla, quien le manifestó su intención de reunirse para tratar el asunto.

El magistrado de conciencia dijo que mañana le será trasladado un informe jurídico completo por parte del equipo de la Procuraduría, y afirmó que  el ministerio no deroga el acuerdo presentará un recurso de inconstitucionalidad ante la CC.

Más críticas

Ileana Alamilla, directora del Centro de Reportes Informativos sobre Guatemala, comentó que la publicación del mencionado acuerdo “puede llevar a pensar que hay intención de ocultar algo, cuando no necesariamente debería ser así, y lo que hace López Bonilla es exponerse y arriesgarse a que se le señale y acuse de estar violando la Constitución Política de la República”.

Enfatizó que ya existe una Ley de Acceso a la Información muy clara sobre las únicas restricciones para tener acceso a datos  públicos. “Me parece increíble que los asesores del ministro le estén aconsejando que creen más burocracia y reuniones en hechos que, lo saben,  vamos a repudiar y rechazar. Me parece que  toca retractarse de esa decisión”, apuntó.

Juan Francisco Soto, director del Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos de Guatemala, subrayó que la Constitución regula el secreto de información para el Ministerio de la Defensa y el Ministerio de Relaciones Exteriores.

“Consideramos que, efectivamente, el acuerdo da para poder clasificar como confidencial o reservar información que debería ser de acceso público, para toda la población. Lo que está haciendo es limitar la información a  la población,  que por derecho constitucional puede obtenerla”, recalcó Soto.

Agregó:  “Todos los ciudadanos del país tienen el derecho de conocer en qué se están invirtiendo nuestros impuestos y cuáles son los planes de trabajo de cada ministerio. Obviamente el Estado no va a revelar cuál es la estrategia contra el narcotráfico o crimen organizado, pero muchos de los actos administrativos del Ministerio deben ser públicos”.

Errores en publicación

De León Duque  indicó que aparte de los errores de fondo que presenta el acuerdo citado también los hay   de forma. “Habría que ver la validez o no de lo que ya se hizo público, porque el acuerdo está mal publicado o no está completo. Hay un salto en los artículos”, puntualizó.

 Esto se debe a que el acuerdo, en la página 5 de la sección legal del  Diario de Centro América, finaliza con la disposición décimo primera, y en la página 6 comienza con la vigésimo tercera, error que también señaló Soto, quien dijo que “es necesario revisar qué pasó”.

Luis Fernández Molina, exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia,  explicó que, “definitivamente, eso anula el acuerdo, porque es viciado; oculta varios incisos o literales que no son de conocimiento público”.

“Desde el punto de vista de forma, definitivamente lo anula y es una prueba más de la impericia y la forma un poco arrebatada con la cual los técnicos de este gobierno han emitido algunas de las normas”, declaró Fernández Molina, quien agregó que “hay una cuestión de fondo porque, aunque el acuerdo estuviera perfecto, no tiene ningún sentido, porque sí está el derecho consagrado en la Constitución y  no se tiene por qué implementar un acuerdo ministerial”.

Posible nulidad

Alejandro Balsells, abogado constitucionalista, opina que es fuente de discusión un error de forma de ese tamaño, pero “lo más importante es el tema de fondo”.

“Aquí, el punto importante es si se está restringiendo o no el acceso a la información pública, que es un derecho constitucional porque toda la información es pública. Creo que ese debería ser, en todo caso, lo que marque la discusión”, afirmó Balsells.

Pese a ello, el experto reconoció que el error de forma, que dejó fuera diez artículos cuyo contenido se desconoce, por no estar publicados, sí podría acarrear la nulidad de todo el acuerdo.

SIP

Medida coarta legítimo derecho

Claudio Paolillo, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), afirmó que la publicación de normativas como el acuerdo ministerial 64-2015 “es un retroceso a la posibilidad real de acceder a información pública, es decir, restringe en vez de ampliar las posibilidades de acceder al derecho legítimo de la información pública”.

“Me parece que este acuerdo que acaba de aprobar el Ministerio de Gobernación es un documento que, con el pretexto de cumplir la Ley de Acceso a la Información Pública, lo que hace es determinar, con lujo de detalle, cómo hacer para no cumplirla”, declaró Paolillo.

Indicó que lo que se logra con este tipo de acuerdos o normativas  es complicar el acceso a la información pública por parte de ciudadanos, periodistas y cualquier persona que quiera acceder a ese derecho. “La información no pertenece a los gobernantes, le pertenece al público”, destacó.

Refirió que en el artículo 30 de la Constitución “está muy claro que todos los actos administrativos deben ser públicos. Esa es la regla, según la Constitución guatemalteca”.

“Pero aquí lo que regula el acuerdo ministerial, a mi juicio y a juicio de la SIP, es dar muchos pasos para atrás en cuanto a la posibilidad real de acceder a información pública. Es decir, es un acuerdo ministerial que restringe en vez de ampliar las posibilidades de acceder a la información pública que, reitero, no es información perteneciente a los gobernantes de turno, sino que es información perteneciente a la población”, aseveró.

El miembro de la SIP dijo que “la creación de comisiones, burocracia, reuniones o decisiones simplemente atenta contra la posibilidad de acceder a la información pública por parte de ciudadanos y periodistas y cualquier persona que quiera ejercer ese derecho de la gente que paga los impuestos, la que pone los gobernantes y que paga los sueldos a los funcionarios públicos.

Expuso que, si se aplica el acuerdo, quizás se reciba la información,   pero talvez fuera de tiempo y ya no será útil.