“Esperamos que se garanticen todos sus derechos. En la investigación se podrá determinar su participación o no, dentro de los hechos que se le atribuyeron en su momento y que fueron los que originaron la acción de antejuicio promovida”, señaló.

Rojas aclaró que con esa decisión no se está diciendo que existió alguna acción directa cometida por Santiago y que pueda atribuirse como un ilícito penal.

“Estimamos que es prudente que se investigue y se tome la decisión en cuanto a la existencia de algún tipo penal, de las acciones que se atribuyeron en contra del magistrado”, agregó Rojas.

Investigación

El 9 de octubre de 2014, después de una investigación que duró 15 días, el Ministerio Público MP() y la Comisión Internacional contra la Impunidad de Guatemala (Cicig), determinaron que Erick Gustavo Santiago de León se alió con Eliot Imeri Díaz y Samuel Enrique Alvarado para ofrecerle a una empresa que había sido condenada al pago de Q93 millones la reducción de la sanción, si la pagaban una comisión de hasta Q16 millones.

La fiscal general, Thelma Aldana, explicó que todo empezó el 25 de septiembre, cuando Imeri Díaz se acercó al delegado de una empresa, de la que el MP no dio detalles, para explicarle que podían reducir el monto de la condena.

Ese mismo día, el afectado denunció el hecho a las autoridades, quienes le recomendaron continuar con la negociación.

El 14 de octubre la CSJ nombró al magistrado Frank Martínez como juez pesquisidor contra Santiago de León, vocal de las Sala Tercera de Apelaciones del ramo Civil, quien fue señalado de tráfico de influencias.