Guatemala
Jefes fiscales piden al Congreso reformar leyes y endurecer penas contra pandilleros
La mayoría de diputados de Junta Directiva e Instancia de Jefes de Bloque aceptó una invitación de la fiscal general para analizar estrategias contra las maras.
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Fiscales y diputados se reunieron por más de un ahora evaluando la legislación vigente contra las maras. Fotografía: Redes Sociales.
En lo que va del año, el Ministerio Público (MP) ha recibido más de 13 mil denuncias relacionadas con ilícitos que se atribuyen pandillas juveniles o maras, entre ellos, homicidios, por lo que jefes de varias fiscalías aseguran que son necesarias reformas legales y endurecer algunas penas.
Así lo plantearon distintos fiscales del MP ante diputados del Congreso y a partir de las investigaciones a las dos principales pandillas que operan en Guatemala: la Mara 18 y la Mara Salvatrucha (MS), que ahora han optado por usar a menores de edad para cometer sus crímenes.
Seis integrantes de la junta directiva y 10 de los 17 jefes de bloques aceptaron la invitación de la fiscal general y jefa del MP, María Consuelo Porras, para analizar estrategias conjuntas contra estos grupos criminales.
“Las maras y pandillas no son un desafío nuevo, pero sí creciente, más violento y más complejo, pues hoy operan bajo esquemas de financiamiento transnacional ocultos y sumamente sofisticados”, enfatizó la jefa del MP.
Algunos de los delitos más denunciados relacionados con las pandillas son las extorsiones, que suelen realizarse desde centros carcelarios, lo que evidencia la debilidad del sistema penitenciario para impedir el ingreso de teléfonos y la ineficacia de los bloqueadores de señal, según las investigaciones del MP.
Sin embargo, no solo las pandillas extorsionan: también hay grupos de imitadores que intimidan a comerciantes y particulares haciéndose pasar por mareros, según explicó Dimas Jiménez, fiscal regional metropolitano.
Recientemente, El Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN) presentó un nuevo informe sobre la criminalidad en Guatemala, en el que se destaca una disminución en la tasa de extorsiones, aunque advierte sobre la concentración geográfica de ese delito así como las muertes violentas.
“La investigación inicia como un delito de estafa, pero la normativa actual complica el proceso y estos delitos son considerados menos graves, al igual que el de usura”, indicó el jefe fiscal, quien relató cómo recientemente lograron desarticular a un grupo dedicado a préstamos, denominado “Gota a gota”.
Datos de la Fiscalía contra Extorsiones indican que el 80% de llamadas de extorsión por parte de imitadores provienen de dos centros carcelarios: Cantel y Pavón. Esto impide frenar las extorsiones, pese a que se reporten capturas.
Crímenes de pandillas
Según el MP, este año podría cerrarse con un aumento en los asesinatos, con 351 casos más que el año pasado, dijo Ángel Pineda, secretario general del MP. “Es una situación de terror”, afirmó.
Incluso la Fiscalía de Delitos contra la Vida señala que existen diversos motivos por los cuales los pandilleros cometen asesinatos, con base en los datos recabados en procesos judiciales.
Las razones expuestas a los diputados indican que las maras asesinan como parte de su proceso de reclutamiento, por jóvenes que se niegan a integrarse; por disputas territoriales para el control de extorsiones y distribución de droga; y por el robo de motocicletas para su posterior desmantelamiento y venta.
Las reformas
El fiscal metropolitano aseguró que es vital que el Congreso apruebe la Ley contra la Ciberdelincuencia, lo que permitiría implementar mayores estrategias para atacar nuevas modalidades vinculadas con extorsiones y pandillas.
“El MP presentó esa propuesta de reforma a los tipos penales; no obstante, fue invitado a mesas de trabajo en el Congreso para analizar la ley de cibercrimen”, explicó el fiscal.
Incluso, Dimas Jiménez considera que, con esta ley, Guatemala podría suscribir tratados internacionales: “Es importante promover esta ley, porque permitiría ratificar el convenio internacional en materia de ciberdelincuencia”.
Por su parte, Melvin Portillo, secretario de Política Criminal del MP, propuso tres reformas legales: “Reformar la Ley contra la Delincuencia Organizada para incluir a las maras como grupos criminales organizados”.
También consideró esencial que los pandilleros no reciban beneficios judiciales: “Hay que modificar el proceso penal para que sea improcedente la suspensión condicional de la pena, la suspensión de la persecución penal, el criterio de oportunidad y el procedimiento abreviado”.
Además, destacó la importancia de que el Organismo Judicial (OJ) instale judicaturas especializadas: “Se deben crear juzgados y tribunales especializados para juzgar delitos cometidos por integrantes de maras”.
Finalmente, señaló la necesidad de sancionar a los miembros del sistema penitenciario que permiten el ingreso de teléfonos o armas, así como endurecer las penas para cualquier delito vinculado con estas estructuras criminales.
A la reunión convocada por la fiscal general no asistió el presidente del Congreso, Nery Ramos, quien citó este lunes a la Instancia de Jefes de Bloque una hora antes de lo acostumbrado.
Mesa de diálogo por pandillas
Durante la sesión de jefes de bloques en el Palacio Legislativo, la diputada Nadia de León, jefa del bloque Nosotros, recriminó la ausencia de Ramos.
El presidente del Congreso afirmó que, con base en su experiencia profesional en el análisis de estrategias contra estos grupos criminales, proponía la conformación de una mesa de diálogo entre diputados para analizar legislación contra las maras.
Terrorismo, la primera discusión
La propuesta fue bien recibida por los diputados, y se acordó trabajar en esta mesa de diálogo todos los jueves, a las 14.00 horas, con el objetivo de analizar posibles reformas legales que disminuyan el fenómeno de las maras en el país.
Uno de los puntos que abordará esta mesa es la iniciativa 5692, que dispone reformar el Código Penal para clasificar el terrorismo con fines de desorden público. Los diputados esperan que esta reforma pueda ser aplicada contra las maras. La iniciativa está prevista para mañana, en su segunda lectura.
“Me parece que la iniciativa que está para mañana en segundo debate es importante que avance. Esta iniciativa fue dictaminada por tres comisiones distintas; es decir, tuvo un amplio análisis en su momento”, indicó Álvaro Arzú Escobar, jefe de bloque del Partido Unionista.
El diputado agregó: “Me parece que una comisión muchas veces funciona y, otras, solo para darle largas a los asuntos. No podemos darle largas a la violencia desenfrenada que estamos viviendo en el país”.
Comentó que sería prudente que, quizá la próxima semana, la iniciativa en agenda se apruebe en tercera lectura y redacción final, para no dilatar su posible aprobación por la mesa recién implementada.
Por su parte, el diputado Jairo Flores, jefe del bloque Voluntad, Oportunidad y Solidaridad (VOS), añadió que esta mesa será vital y explicó que es necesario evaluar si las sesiones serán públicas o a puerta cerrada.
El congresista fue claro al señalar que, por tratarse de asuntos de seguridad, podría ser oportuno que las estrategias no se expongan públicamente, principalmente para que estas resulten efectivas.
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