El gobierno saudí inició a principios de noviembre una intensa campaña de persecución y detención de inmigrantes irregulares con el objetivo de “luchar contra los infractores de la ley de residencia y trabajo”.

El empresario Fahd al Hamadi, presidente del Comité, aseguró que las compañías serán capaces de superar estos problemas si se abordan los motivos que los han causado y se permite la recepción de trabajadores.

El valor de los proyectos en fase de ejecución —o con retraso— en el país asciende a US$530 mil millones.

La subida de precios, el cierre de comercios o la paralización de sectores como la construcción han sido consecuencias reconocidas de la campaña de expulsión de inmigrantes, se ha señalado.