El súbito cambio del general Alvaro Leonel Méndez como ministro de la Defensa y sus sustitución por el oficial de igual rango Robin Macloni Morán en ese puesto político-castrense, debe ser visto como lo es realmente, un paso adelante en el afianzamiento del poder de la familia Ríos Sosa: Efraín Ríos Montt, como presidente del Congreso; Zury Ríos Sosa de López, segunda vicepresidenta de ese organismo, y Enrique Ríos Sosa, ahora jefe del Estado Mayor de la Defensa, la entidad interna castrense con mayor poder.

El Ejército de Guatemala ha sido, como prácticamente la totalidad de las instituciones nacionales, el botín de mucha gente, casi siempre con el objetivo de enriquecimiento ilícito personal, de poder político militar, de una forma de asegurar ambiciones electoreras, y una larga lista adicional.

Pero nunca había sido la meta para cimentar el poder político ya casi omnímodo de una familia, cuyos integrantes desde hace muchos años viven enteramente del erario y actúan como si estuvieran convencidos de ser los depositarios de alguna especie de mandato emanado de la divinidad para influir en el país.

El general Ríos Sosa tiene su única fuente de merecimiento en su relación personal con el presidente del Congreso y mandamás del Frente Republicano Guatemalteco. No ha sido un oficial que se distinga en nada dentro del Ejército, y hasta su nombramiento de general es el resultado de actitudes complacientes de las que nunca faltan en ninguna de las instituciones humanas.

Para nadie es un secreto, dentro y fuera del Ejército, que el nuevo ministro de la Defensa será dentro de poco sustituido por Ríos Sosa, mientras se calman las ahora agitadas aguas subterráneas del Ejército, cuyos oficiales no ven con buenos ojos esas maniobras, pero no expresan su pensamiento de manera abierta, aunque sí en sus conversaciones privadas, mientras un buen número de los oficiales en retiro no duda en expresar su estupor por lo que está ocurriendo.

Quien encabeza el FRG tiene como característica que sus estrategias son absolutamente predecibles, casi burdas. Primero, colocó a la cabeza de las diputaciones eferregistas a su esposa y a su hija, selección inmoral que se vuelve legal debido al sistema de elecciones por planilla.

Ahora, sus acciones van encaminadas a controlar al Ejército, lo que encaja en una estrategia para intentar un nuevo salto a la Presidencia de la República, por medio de que una Corte de Constitucionalidad afín a sus intereses declare legal la candidatura del cabecilla del golpe de Estado de hace 20 años.

Toda esta maraña incluye la promesa hecha a los ex integrantes de las Patrullas de Autodefensa Civil, con el fin de engañarlos ofreciéndoles una compensación imposible de justificar ni de pagar, pero que está diseñada para obtener votos producto de promesas falsas, basado en que suponen que los ex patrulleros no tienen capacidad de raciocinio y de comprender la mentira de las promesas.

Los cambios en el Ejército demuestran que su obsesión de poder ha llevado a Ríos Montt a reducir cada vez más el círculo de sus allegados, al punto de que solamente caben sus familiares más cercanos, confirmando así la percepción de que el FRG solamente es una fachada y que el plan familiar se reduce a la ilusión enfermiza de crear a rompe y rasga una caricatura de dinastía.