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¿Más presupuesto, menos corrupción?
El problema central no es únicamente quién gobierna, sino, más importante, cuánto poder concentra el Estado.
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Hace unos días, Transparencia Internacional publicó el índice de percepción de la corrupción 2025. Guatemala obtuvo 26 puntos de 100 posibles. El país ocupa el puesto 142 de 182 naciones evaluadas. Esto representa una mejora casi irrelevante de un punto frente al año 2024. El gobierno actual, de Bernardo Arévalo, se autodefine como un estandarte anticorrupción. Sin embargo, en la primera mitad de su mandato, la incidencia real de este flagelo permanece intacta, según los datos. ¿Por qué no avanza el país, pese a las promesas oficiales?
La corrupción no se elimina con discursos o buenas intenciones, sino limitando el poder político, reduciendo el gobierno y cerrando espacios a la discrecionalidad.
La respuesta radica en el diseño de nuestras instituciones. La actual administración presume su probidad moral. En la práctica, los políticos de turno han aprobado los mayores incrementos presupuestarios de los últimos tiempos. Más dinero estatal y más funciones burocráticas significan más oportunidades para la opacidad. Si el aparato estatal crece, crecen las oportunidades de intercambiar privilegios por dinero.
Las instituciones mal diseñadas crean incentivos que facilitan los abusos de poder y el robo de recursos. El oficialismo guatemalteco no escapa de esta ineludible realidad. Ya enfrentan acusaciones serias por corrupción en varios flancos. Los escándalos de la “Casa de Chocobananos”, las compras de armas, los contratos vía Unops y, ahora, el escándalo del Maga ilustran esta dinámica.
El problema central no es únicamente quién gobierna, sino, más importante, cuánto poder concentra el Estado. Cuando el gobierno controla aspectos vitales de la economía, el soborno se vuelve inevitable. La mejor forma de prevenir la corrupción es dificultar el otorgamiento de prebendas. Esto exige establecer límites estrictos al poder de los políticos y los burócratas. El poder sin frenos siempre termina corrompiendo a sus portadores.
La otra cara de la moneda son las regulaciones. Cuanto más complicado es cumplir con una regulación y más se tarda el trámite para hacerlo, más grandes son los incentivos, de ambos lados, para “aceitar” el proceso. La solución es relativamente fácil, pero no les gusta mucho a los políticos: quitar la mayor cantidad posible de regulaciones y trámites y, con los que quedan, hacerlos lo más sencillos y automatizados posible.
Transparencia Internacional señala una verdad insoslayable en su documento. El crimen organizado transnacional es el principal corruptor en toda Latinoamérica. Combatir estas redes debe ser una prioridad absoluta para el país. De hecho, esa es una de las funciones más legítimas y claves de un gobierno. Combatir el crimen organizado exige fortalecer la seguridad, pero sobre todo reducir las oportunidades de captura estatal que un aparato burocrático sobredimensionado les brinda.
Quienes soportan el peso destructivo de esta estructura podrida son los ciudadanos productivos, los tributarios. Cada quetzal extraído de la economía privada alimenta una burocracia estatal propensa al robo. La solución real es políticamente impopular pero económicamente vital. Los Estados deben reducir obligatoriamente su papel, su tamaño y su alcance. El gobierno se debe salir apresuradamente de todas las funciones innecesarias.
Al dejar un mayor espacio al sector privado, la corrupción disminuye automáticamente. Existen menos instancias públicas disponibles para corromper. Lamentablemente, la administración actual camina en la dirección diametralmente opuesta. Agrandan el aparato estatal y aumentan el gasto discrecional, abriendo la puerta a más saqueos. Si el gobierno del presidente Arévalo quiere que su legado sea algo más que discursos anticorrupción, debe entender una verdad incómoda: un Estado más grande significa más corrupción, no menos. ¿Permitiremos que el falso espejismo del discurso político oculte la cruda realidad?
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