Estados Unidos
Al grano
¿El agua como las carreteras o como la electricidad?
El último medio siglo nos ha permitido vivir muchas experiencias. Debemos aprender de ellas.
|
El debate sobre la necesidad de una ley de aguas ha cobrado una fuerza inusitada, y con justa razón: el recurso es cada vez más escaso, nuestras cuencas están contaminadas y la gestión del líquido es, en el mejor de los casos, desordenada. Sin embargo, antes de apresurarnos a legislar por mera presión política, debemos hacernos una pregunta incómoda pero absolutamente necesaria: ¿En manos de quién queremos poner el futuro de nuestro recurso más preciado?
El agua, como la energía, es un fluido. Pero más vital y de mayor cuidado.
Para encontrar la respuesta, no hace falta recurrir a teorías complejas; basta con observar nuestra realidad cotidiana. Si echamos una mirada al descalabro actual de la red vial del país, el panorama es desolador. Las carreteras, cuya planificación, conservación y expansión han quedado bajo el control directo y casi exclusivo de las administraciones públicas, son el monumento más visible a la ineficiencia. El modelo estatal de infraestructura vial ha colapsado entre la burocracia, la falta de criterios técnicos y la incapacidad de ejecución.
Si las administraciones públicas han fallado sistemáticamente en gestionar el asfalto, ¿estamos dispuestos a confiarles la producción, el almacenaje, el transporte y la distribución del agua? El riesgo de que el ciclo del agua termine en el mismo estado de abandono que nuestras rutas nacionales es una amenaza real que no podemos ignorar.
Afortunadamente, los guatemaltecos no necesitamos adivinar si existe un modelo que funcione. Contamos con un ejemplo de éxito que ha mejorado muchas cosas: el sector eléctrico. Quienes vivieron la década de los ochenta recuerdan con amargura los apagones diarios, el racionamiento y la precariedad de un servicio centralizado y burocrático que asfixiaba el desarrollo. No obstante, con la reforma del sector en los noventa, el escenario cambió radicalmente. Se creó un marco legal e institucional razonable que permitió la competencia, la inversión privada en generación y la especialización en el transporte y la comercialización.
Hoy, Guatemala no solo goza de un sistema estable y confiable, sino que se ha convertido en un exportador neto de energía hacia otros países de la región. La electricidad, al igual que el agua, es un “fluido” esencial que requiere infraestructura masiva, mantenimiento preventivo y una inversión constante que los presupuestos públicos no pueden cubrir. Si el modelo eléctrico, sin ser perfecto, ha funcionado —logrando una cobertura nacional sin precedentes y creando una “tarifa social” efectiva para proteger a los hogares que no pueden cubrir el costo real del servicio—, ¿por qué no concebir un marco análogo para el agua?
Un modelo de gestión del agua inspirado en el sector eléctrico supondría organizar un regulador técnico e independiente bajo un marco legal que propicie la inversión y el desarrollo ordenado del sector, abriendo la puerta a empresas privadas y público-privadas enfocadas en aprovechar caudales, crear reservorios, construir plantas de tratamiento de última generación y sistemas de distribución eficientes, eliminando el desperdicio que hoy sufren muchas municipalidades.
Guatemala se encamina a un desastre de proporciones históricas si se aprueba un marco legal que deje la gestión del agua en manos del tipo de administraciones públicas que en más de medio siglo han sido incapaces de mejorar carreteras, puertos, aeropuertos, hospitales y escuelas. Necesitamos una ley que abra a la competencia el sector, profesionalice su gestión, atraiga inversión y asegure que, mediante una tarifa social justa, ningún guatemalteco se quede atrás. El debate sobre la necesidad de una ley de aguas ha cobrado una fuerza inusitada, y con justa razón: el recurso es cada vez más escaso, nuestras cuencas están contaminadas y la gestión del líquido es, en el mejor de los casos, desordenada. Sin embargo, antes de apresurarnos a legislar por mera presión política, debemos hacernos una pregunta incómoda pero absolutamente necesaria: ¿En manos de quién queremos poner el futuro de nuestro recurso más preciado?
Para encontrar la respuesta, no hace falta recurrir a teorías complejas; basta con observar nuestra realidad cotidiana. Si echamos una mirada al descalabro actual de la red vial del país, el panorama es desolador. Las carreteras, cuya planificación, conservación y expansión han quedado bajo el control directo y casi exclusivo de las administraciones públicas, son el monumento más visible a la ineficiencia. El modelo estatal de infraestructura vial ha colapsado entre la burocracia, la falta de criterios técnicos y la incapacidad de ejecución.
Si las administraciones públicas han fallado sistemáticamente en gestionar el asfalto, ¿estamos dispuestos a confiarles la producción, el almacenaje, el transporte y la distribución del agua? El riesgo de que el ciclo del agua termine en el mismo estado de abandono que nuestras rutas nacionales es una amenaza real que no podemos ignorar.
Afortunadamente, los guatemaltecos no necesitamos adivinar si existe un modelo que funcione. Contamos con un ejemplo de éxito que ha mejorado muchas cosas: el sector eléctrico. Quienes vivieron la década de los ochenta recuerdan con amargura los apagones diarios, el racionamiento y la precariedad de un servicio centralizado y burocrático que asfixiaba el desarrollo. No obstante, con la reforma del sector en los noventa, el escenario cambió radicalmente. Se creó un marco legal e institucional razonable que permitió la competencia, la inversión privada en generación y la especialización en el transporte y la comercialización.
Hoy, Guatemala no solo goza de un sistema estable y confiable, sino que se ha convertido en un exportador neto de energía hacia otros países de la región. La electricidad, al igual que el agua, es un “fluido” esencial que requiere infraestructura masiva, mantenimiento preventivo y una inversión constante que los presupuestos públicos no pueden cubrir. Si el modelo eléctrico, sin ser perfecto, ha funcionado —logrando una cobertura nacional sin precedentes y creando una “tarifa social” efectiva para proteger a los hogares que no pueden cubrir el costo real del servicio—, ¿por qué no concebir un marco análogo para el agua?
Un modelo de gestión del agua inspirado en el sector eléctrico supondría organizar un regulador técnico e independiente bajo un marco legal que propicie la inversión y el desarrollo ordenado del sector, abriendo la puerta a empresas privadas y público-privadas enfocadas en aprovechar caudales, crear reservorios, construir plantas de tratamiento de última generación y sistemas de distribución eficientes, eliminando el desperdicio que hoy sufren muchas municipalidades.
Guatemala se encamina a un desastre de proporciones históricas si se aprueba un marco legal que deje la gestión del agua en manos del tipo de administraciones públicas que en más de medio siglo han sido incapaces de mejorar carreteras, puertos, aeropuertos, hospitales y escuelas. Necesitamos una ley que abra a la competencia el sector, profesionalice su gestión, atraiga inversión y asegure que, mediante una tarifa social justa, ningún guatemalteco se quede atrás.
ESCRITO POR:
