La abogada Annabella Morfín, designada magistrada titular de la Corte de Constitucionalidad (CC) por el presidente Bernardo Arévalo y quien asumirá la primera presidencia de la nueva magistratura para el período 2026-2031, asegura que su gestión estará centrada en el respeto estricto de la Constitución, la independencia institucional y la ética judicial.

En entrevista con Prensa Libre Radio, Morfín afirmó que recibe la designación como la culminación de su carrera en el servicio público y con plena conciencia del peso institucional de la Corte. Según explicó, la principal responsabilidad del tribunal constitucional es garantizar que las decisiones del Estado se ajusten a los principios y valores de la Carta Magna.

“Es un gran honor integrarla. Creo que es la culminación de toda una carrera como abogada, en la cual desde siempre mi interés fue la prevalencia del derecho y el respeto a la ley”, indicó.

Morfín subrayó que su designación no estuvo condicionada por solicitudes o compromisos con el Ejecutivo. Aseguró que el presidente Arévalo no le planteó ninguna petición específica para ejercer el cargo.

“Absolutamente ninguna. Creo que conocemos perfectamente al presidente y ni él lo pidió ni yo lo habría permitido”, afirmó.

La magistrada electa insistió en que la agenda de la Corte debe concentrarse exclusivamente en la observancia de la Constitución, evitando cualquier interferencia indebida en las competencias de otros organismos del Estado.

Consultada sobre las interpretaciones políticas en torno a la nueva integración de la Corte —que algunos sectores consideran desfavorable para el oficialismo—, Morfín sostuvo que es prematuro anticipar comportamientos de los magistrados.

A su juicio, cada expediente debe resolverse de forma independiente y no puede asumirse una alineación automática de votos.

“Cada caso es distinto. No podemos tener un cuadrante en el cual se establezca cuál va a ser el comportamiento de los magistrados”, señaló.

Visión sobre el conflicto electoral de 2023

La jurista también expresó una postura crítica respecto a la crisis institucional que rodeó el proceso electoral de 2023. Según su análisis, debió respetarse plenamente la autoridad del Tribunal Supremo Electoral (TSE) como órgano constitucional encargado de la materia.

“Lo que tenía que haberse hecho era respetar lo actuado por el Tribunal Supremo Electoral, que es la institución a la que corresponde resolver los asuntos en materia electoral”, indicó.

Agregó que, en ese contexto, se produjeron intervenciones de instituciones que, a su juicio, no tenían competencia constitucional para involucrarse en el proceso.

Presidencia de la Corte y mora judicial

Como futura presidenta del tribunal constitucional durante el primer año del período, Morfín dijo que uno de los desafíos será conocer la dinámica interna de la institución y enfrentar la mora judicial existente.

Entre los aspectos que considera prioritarios mencionó revisar los mecanismos de asignación de expedientes y evaluar el trabajo de los letrados que apoyan a los magistrados.

“Habrá que establecer cuáles son los mecanismos para la distribución de los casos y que se tenga claridad de que no habrá urgencias ni emergencias que favorezcan casos específicos”, afirmó.

Límites de la Corte

Morfín también expresó que la Corte debe actuar con cautela para no intervenir en ámbitos que corresponden a otras instancias constitucionales. Como ejemplo, mencionó los procesos de selección de funcionarios a cargo de las comisiones de postulación.

En su opinión, estos órganos tienen mandato constitucional para evaluar y seleccionar candidatos, por lo que la CC no debería sustituir sus decisiones salvo cuando exista una controversia estrictamente constitucional.

Respecto a la integridad en la función judicial —tema que el presidente Arévalo destacó al anunciar su designación—, Morfín consideró que un magistrado debe apartarse de cualquier caso en el que exista conflicto de interés.

“No puede uno ser juez y parte de un asunto. Por ética y por integridad, uno debe dejar de conocer en el caso cuando tiene interés en el fondo”, sostuvo.

Experiencia en el Estado

La magistrada electa afirmó que su trayectoria en el Ministerio de Trabajo y en la Procuraduría General de la Nación ha estado marcada por la defensa de la legalidad y los intereses del Estado.

“Nadie es superior a la ley”, enfatizó al describir el enfoque que buscará mantener en la Corte de Constitucionalidad.

Sobre críticas relacionadas con su gestión en la PGN y el caso TCQ, Morfín sostuvo que tuvo diferencias con la extinta Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) debido a que —según dijo— no se permitió formalizar un acuerdo que habría favorecido al Estado con una reparación económica ya depositada.

Expectativas sobre la nueva Corte

Para Morfín, la próxima magistratura deberá resolver eventuales conflictos institucionales con base estricta en el derecho constitucional, especialmente ante la cercanía de futuros procesos electorales.

En ese sentido, reiteró que el papel de la Corte no es político sino jurídico.

“La observancia de la ley debe hacerse en forma absoluta e indiscriminada”, concluyó.

Quién es Annabella Morfín

Será magistrada titular de la Corte de Constitucionalidad para el período 2026-2031, y será la primera en presidir esa alta corte.

Es profesional del derecho con amplia trayectoria en el ámbito público, académico y profesional, en materias relacionadas con derecho constitucional, laboral, derechos humanos, desarrollo social, derecho mercantil y notarial.

Es licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales, abogada y notaria por la Universidad de San Carlos de Guatemala, y cuenta con estudios de posgrado en la Universidad Rafael Landívar.

Entre los cargos más relevantes que ha ocupado destacan el de ministra de Trabajo y Previsión Social (1993-1996) y procuradora general de la Nación (2016-2018), durante el gobierno de Jimmy Morales.

También ha ejercido la docencia en universidades nacionales y extranjeras, y ha brindado asesoría jurídica y consultoría en derecho constitucional, litigio constitucional, litigio contencioso administrativo y derecho internacional.

Ha sido fundadora de organizaciones jurídicas y de defensa institucional, entre ellas el Instituto de Derecho Mercantil, la Asociación de Abogados por los Derechos Humanos y el Centro para la Defensa de la Constitución (Cedecon), entidad que también presidió en distintos períodos.

También fue vice Presidenta del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala y Presidenta del Instituto Guatemalteco de Derecho Notarial, fue asesora del Procurador de los Derechos Humanos.

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