Estados Unidos
Una guerra de amparos ponen en riesgo la renovación de la Corte de Constitucionalidad
El proceso para la designación de los magistrados por el CSU, y la juramentación de la titular electa por el Cang, están bajo cuestionamientos.
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El futuro pleno de la CC debe de tomar posesión el 14 de abril de 2026. (Foto de referencia de archivo de la CC)
La semana pasada concluyó la designación de los magistrados titulares y suplentes para la Corte de Constitucionalidad (CC), pero acciones legales buscan frenar una de las designaciones y evitar que un titular tome posesión.
Analistas consultados consideran que a pesar de que de manera interna las designaciones quedaron firmes, existe riesgo que mediante acciones de amparo una o dos de los nombramientos para la nueva Corte se vea afectada.
Mientras tanto, el pleno del Congreso planea emitir este martes 17 de marzo, por urgencia nacional, un decreto que da vida a la integración de la futura CC, para luego aprobar un acuerdo que convoque a los electos a rendir juramento.
Pero los trámites pendientes para la futura CC crean un escenario de riesgo para la designación del Consejo Superior Universitario (CSU) y la del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (Cang), según analistas.
Las designaciones hechas por el presidente Bernardo Arévalo, el pleno del Congreso y la Corte Suprema de Justicia (CSJ) están protegidas legalmente de impugnaciones, haciendo que tres de los cinco nombramientos estén sólidos. Las designaciones del Cang y del CSU sí son impugnables.
El proceso del CSU recibió impugnaciones que apenas la semana pasada fueron discutidas y, por mayoría, fueron rechazadas.
Los consejeros confirmaron a Julia Marisol Rivera Aguilar como magistrada titular electa, y a José Luis Aguirre Pumay como magistrado suplente electo, decisión que ya fue notificada al Congreso el pasado 13 de marzo.
Las elecciones del Cang no fueron cuestionadas ante el colegio profesional, dejando en firme la elección de Astrid Jeannette Lemus Rodríguez como magistrada titular electa, y a Luis Fernando Bermejo Quiñómez como magistrado suplente electo.
Los amparos
La designación del CSU, a pesar de quedar en firme de manera interna, sigue manteniendo cuestionamientos constitucionales. Existe una serie de amparos, de los que se desconoce la cantidad exacta, que cuestionan la integración del Consejo.
Las acciones señalan que el órgano que tomó la decisión no tenía legitimidad debido a que varios de los integrantes del CSU ocupan puestos vencidos y no han sido renovados.
Para garantizar la juramentación de los electos, los consejeros Carlos Humberto Arroche Sandoval y William Fernando Campos Tello, presentaron una acción ante la CC, con la cual buscan que los jefes de bloques en el Congreso cumplan con los pasos siguientes a la designación, programando a la brevedad la juramentación de los electos por el CSU.
Por otro lado, en un escenario completamente opuesto, los abogados Ricardo Sagastume Morales y Diego Sagastume Vidaurre buscan que el Congreso no incluya para la juramentación a la titular electa por el Cang, Astrid Lemus.
Cuestionan que Lemus habría perdido la calidad de honorabilidad e idoneidad por una ponencia ante la Organización de Estados Americanos (OEA), por este amparo se desconoce hasta este lunes 16 de marzo si la CC lo admitió o no para su trámite.
Hay riesgo
Para los analistas Marco Antonio Canteo y Juan Pablo Muñoz es positivo que todos los órganos electores cumplieran con designar a tiempo, pero remarcan que es igual de importante que todos los electos tomen posesión.
“El país sufre un abuso en el uso de amparo. Yo lo he llamado en varios espacios de que Guatemala parece de una amparitis aguda, todo lo quieren resolver con amparos, olvidando los tiempos y las figuras correctas”, explicó Canteo, analista independiente.
Por su parte Muñoz, como integrante de Alianza por las Reformas, considera que ya venció el periodo para cuestionar las decisiones que ahora están en firme. “Creemos que esa fase administrativa ya pasó y que quedaron en firme, ahora quedamos en el ámbito de las acciones constitucionales”, señaló.
Aunque los amparos parezcan no tener un argumento solido en la petición, a criterio de los analistas, sí identifican el riesgo que alguna sala de apelaciones acepte los hechos emitiendo una resolución que pueda entorpecer alguna toma de posesión para la CC.
“El riesgo de los amparos va a existir y los riesgos de que una sala interprete a su manera también es una posibilidad, pero creo que el tiempo se está agotando. Ya se designaron y si no hay motivos de fondo, creo que se deberían de dejar sin lugar las acciones judiciales para dejar una Corte integrada”, dijo Canteo.
En otros procesos
En el 2021 por medio de un amparo provisional Gloria Porras no pudo rendir juramento como magistrada titular electa por el CSU, lo que repercutió en que, finalmente, se tuviera que repetir el proceso de elección.
Pero al haber amparos sobre dos procesos de designación, ante cualquier duda que pueda avanzar por medio de un fallo provisional, son dos o tres los actuales magistrados constitucionales que se verían beneficiados, a decir de las fuentes.
“Hay dos procesos vulnerables porque benefician directamente a Nester Vásquez si no le quieren dar posesión a Astrid Lemus; y en el caso de la USAC sería Héctor Hugo Pérez Aguileta, pero también otras personas como Leila Lemus que figuró como candidata”, dijo Muñoz.
Dentro del CSU ante un posible amparo provisional también volvería a la contienda y sería tomada nuevamente como candidata María Consuelo Porras, actual fiscal general y jefa del Ministerio Público (MP).
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