Documentos internos de inteligencia policial de El Salvador revelan que más de 33 mil de las 91 mil s628 personas detenidas durante el régimen de excepción del presidente Nayib Bukele no figuraban en los registros previos de la Policía Nacional Civil (PNC) como pandilleros o colaboradores de pandillas.

La cifra representa el 36% del total de capturas registradas hasta el 25 de marzo de 2026, según un análisis publicado por el diario El País, que contrastó tres informes de inteligencia policial con los datos públicos de detenciones del Gobierno.

Los informes a los que tuvo acceso El País fueron obtenidos a través de la filtración masiva de correos electrónicos de la PNC, producida a finales de 2022, conocida como "Guacamaya Leaks" y difundida por el grupo de hacktivistas Distributed Denial of Secrets. Dos exfuncionarios de mando medio de la Policía, que pidieron no ser identificados, confirmaron la autenticidad de los documentos.

Uno de esos informes, titulado Origen, situación actual y vínculos de las pandillas, fue elaborado en marzo de 2021 —un año antes de que iniciara el régimen de excepción— por la Subdirección de Investigaciones de la PNC y el Centro Antipandillas Transnacional (CAT), una unidad de inteligencia cofinanciada por el FBI y el Departamento de Justicia de Estados Unidos desde 2007. En ese momento, los registros identificaban a 58,270 pandilleros y colaboradores en libertad.

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Sin embargo, en noviembre de 2022, apenas ocho meses después de instaurado el régimen, la Secretaría de Prensa de la Presidencia informó que el Gobierno había capturado a más de 58,000 pandilleros.

Las detenciones continuaron y, al corte del 25 de marzo, la cifra total ascendió a 91,628 personas, lo que supera en más de 33,000 el número de individuos que los propios registros de inteligencia identificaban como miembros de estructuras criminales.

La "brecha" en los datos

El 9 de abril de 2022, el presidente Bukele reconoció públicamente que podía existir un "margen de error" en las capturas y estimó que ese margen no superaba el 1%, equivalente a unas 85 personas. Los documentos de inteligencia ahora analizados sugieren que esa proporción podría ser significativamente mayor.

"Este nuevo dato lo que hace es reforzar una duda: ¿qué tipo de inteligencia han usado para detener a las personas durante el régimen de excepción?", señaló Juan Pappier, subdirector de la División de las Américas de Human Rights Watch, en declaraciones recogidas por El País.

Pappier indicó que las investigaciones de la organización documentan casos en los que agentes policiales fabricaron evidencias, se emplearon denuncias anónimas sin corroborar y se utilizaron tatuajes sin vinculación a estructuras pandilleriles como criterio de detención.

Casos documentados

Uno de los casos detallados por El País es el de Santos Navarro, cuyo nombre no figuraba en la Base Matriz de Pandilleros de la MS-13 de la Policía en febrero de 2022, un mes antes de que comenzara el régimen.

El 6 de julio de 2023, Navarro fue detenido en su puesto de trabajo, en el mercado de Santa Tecla, donde laboraba desde hacía once años. Fue acusado de ser colaborador de la MS-13. Su familia sostuvo que la captura se basó en una denuncia anónima y no en una investigación. Navarro murió en prisión un año después; su familia atribuye la muerte a complicaciones de su diabetes y a falta de atención médica.

Grupos locales e internacionales de derechos humanos han documentado detenciones arbitrarias masivas, tortura y, en algunos casos, violencia sexual contra mujeres y niñas en detención, así como desapariciones forzadas.

Según datos de la organización Socorro Jurídico Humanitario, citados por El País, cerca de 500 personas han muerto bajo custodia del Estado sin llegar a juicio.

René Valiente, director de investigaciones de Cristosal —organización de derechos humanos con sede en El Salvador—, señaló al medio español que "toda la información está bajo reserva por siete años" y que los únicos datos públicos disponibles son los que aparecen en los decretos legislativos de prórroga del régimen. Valiente cuestionó la consistencia de esas cifras al señalar que muestran variaciones mes a mes sin una explicación clara.