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Desarrollo de país
Elección de fiscal general y jefe del MP
Son seis los que proponen al presidente de la República de acuerdo con la ley.
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El 15 de abril el columnista Fernando García Molina publicó en su columna de opinión un buen artículo donde relata sobre la elección de fiscal general y jefe del Ministerio Público (MP) desde 1994 hasta la fecha. Inicia con Ramsés Cuestas, elegido en 1994, y luego anota a Conrado Reyes, en 2010. También relata sobre la forma extemporánea en que grupos de izquierda, apoyados por la Cicig, ejercieron presión a la Corte de Constitucionalidad (CC) para anular esa elección y que en la repetición fue elegida por el presidente Álvaro Colom la izquierdista Claudia Paz y Paz. Además, relata el columnista sobre la elección de Thelma Aldana —la posterior precandidata presidencial del Movimiento Semilla— por el presidente Otto Pérez en 2014. Por último, anota sobre las elecciones de María Consuelo Porras en 2018 por el presidente Jimmy Morales y nuevamente en 2022 por el presidente Alejandro Giammattei, con alta presión internacional para que no la eligiera.
Es importante conocer el amparo que presentó Cedecón.
Desde que el presidente Bernardo Arévalo fue declarado electo en segunda vuelta por el Tribunal Supremo Electoral, hemos visto un permanente ataque a la fiscal general actual, llegando a extremos como el de la semana pasada, donde en una conferencia de prensa dijo que él no elegirá a la fiscal Porras, cambiándole en tono burlesco el apellido a Perros y corrigiendo a Porras. Sin embargo, nunca han presentado pruebas de lo que han señalado a la abogada Porras, por lo que cabe como una narrativa cuyo objetivo es llevar a pensar a muchos en que la fiscal es corrupta.
En el proceso actual, tal y como en el pasado, siempre hay operadores tratando de influir en algunos integrantes de la comisión de postulación, según me comentan, pero también hay activismos ideológicos y activismos internacionales buscando favorecer a su candidato. Hoy día, son vía net centers de redes sociales las más activadas e influyentes en la opinión pública. Al final, son seis los que proponen al presidente de la República de acuerdo con la ley y es el presidente de turno quien escoge. La que mayor puntuación tuvo fue la actual fiscal general.
En opinión del Cedecón, el 13 de abril la comisión de postulación tomó una decisión que desafía la Constitución, ya que ignora la jurisprudencia vinculante de la Corte de Constitucionalidad y abre la puerta para que candidatos sin requisitos lleguen al cargo. Como debe ser, Cedecón acudió a la justicia constitucional y la respuesta que recibió no fue un debate jurídico, sino un ataque. La Constitución establece que para ser fiscal general hay dos caminos: haber sido magistrado de Sala por un período completo de cinco años o haber ejercido la profesión liberal de abogado por más de 10 años. Hay que recordar que la Ley del Organismo Judicial y la Ley de la Carrera Judicial prohíben expresamente a los jueces ejercer la abogacía mientras ocupan un cargo jurisdiccional.
La comisión de postulación aprobó, con 11 votos a favor y cuatro en contra, una tabla de gradación que asigna puntos por ejercicio profesional de abogado a participantes cuyo único antecedente es su tiempo como jueces de Primera Instancia. Es importante conocer el amparo que presentó Cedecón, donde —a como lo entiendo— pide apercibir a la comisión de que ningún candidato sin los requisitos constitucionales pueda integrar la nómina de seis finalistas.
Guatemala está a punto de terminar un proceso muy importante. Dios quiera que sea cumpliendo con la ley que se dé la elección. Hay que tener cuidado, revisando el pasado, de que no se den presiones externas de incumplimiento y que se tenga cuidado con las campañas coordinadas que dañan reputaciones sin refutar argumentos jurídicos.
Hay que poner mucha atención a lo que se viene entre estos días y el 17 de mayo, que es la fecha en que debe tomar posesión quien elija el presidente Bernardo Arévalo de León.
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