Estados Unidos
Al grano
El costo de delinquir y el MP
El Ministerio Público tiene en sus manos que vivamos en una sociedad razonablemente ordenada, segura y en paz.
|
El orden, la seguridad y la paz no son concesiones espontáneas de la historia; son los cimientos sobre los cuales se edifica cualquier posibilidad de convivencia civilizada. Para que una sociedad florezca, estos valores exigen que las leyes del Estado operen con una certeza implacable: quien quiebre la seguridad o rompa la paz debe asumir un costo elevado por su audacia. La ley penal, mirada desde una perspectiva pragmática, funciona como una suerte de tabla de precios institucionales. El infractor debe saber, de antemano, que la factura por sus acciones se pagará en moneda de multas, inhabilitaciones o con la pérdida misma de la libertad en prisión.
Que el MP haga bien su trabajo significa que a los delincuentes sus acciones delictivas les cuesten muy caro.
Esta lógica adquiere una gravedad aún mayor cuando hablamos de la gestión pública. Ningún gobierno puede reclamar la credibilidad necesaria para guiar a una nación si sus actos carecen de probidad y transparencia. En el ecosistema del desarrollo, la corrupción es un veneno fulminante. Por ello, la regla debe ser simétrica: tanto al funcionario que traiciona su mandato con deshonestidad, como al actor privado que concurre a la componenda corrupta, delinquir tiene que costarles muy caro.
Sin embargo, las leyes adolecen de una fragilidad intrínseca: no se autoaplican. Las normas escritas son declaraciones de intenciones que permanecen inertes en el papel si no existe el motor institucional que las ponga en movimiento. La sospecha de un delito requiere una investigación científica, rigurosa y desprovista de pasiones, capaz de producir medios de convicción que resistan el examen de un juez independiente. Es en este preciso eslabón donde radica la importancia toral del Ministerio Público, una institución que hoy, ante la toma de posesión de una nueva jefatura, vuelve al centro del escrutinio ciudadano.
La historia de los regímenes políticos más robustos demuestra que, en el curso de los últimos siglos, el ejercicio de la acción penal mutó. Dejó de ser un asunto de acusadores privados para convertirse, quitando unas cuantas excepciones, en un monopolio del Ministerio Público. Así, desde el ciudadano que sufre un delito común hasta el Estado que ve saqueadas sus arcas por la corrupción, todos dependemos de la misma premisa: que la fiscalía haga bien su trabajo.
Hacer bien el trabajo en este ámbito significa actuar bajo un pentagrama estricto: independencia absoluta, transparencia, prudencia analítica, objetividad y eficacia. El Ministerio Público no es un actor político ni un instrumento de vindicta; es el guardián de la legalidad. Cuando la institución deserta de estas virtudes, se materializa la más peligrosa de las realidades sociales: aquella donde se afirma, con trágica razón, que el crimen paga.
Si la persecución penal es ineficiente o selectiva, el costo de delinquir se desploma y los beneficios de la ilegalidad se vuelven irresistibles. Corresponde a la nueva gestión de la fiscalía general asegurar que la tabla de precios de la justicia se torne en un potente factor de disuasión para quienes se plantean la posibilidad de delinquir. De su objetividad y valentía depende que en nuestro país delinquir llegue a ser un error prohibitivamente caro, y que la impunidad deje de ser el subsidio que financia la destrucción de nuestra paz.
Hago votos porque el nuevo Fiscal General y Jefe del Ministerio Público, Gabriel García Luna, sepa poner a disposición de la seguridad, el orden y la paz de los guatemaltecos toda su capacidad y competencias.
ESCRITO POR:
