Estados Unidos
Hagamos la diferencia
La toma de posesión que profundizó la crisis de la Usac
Cuando la ley se aplica con distinta vara erosiona la confianza en las instituciones.
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La toma de posesión de Walter Mazariegos como rector de la Universidad de San Carlos (Usac) no representa el final de una controversia; representa el inicio de una nueva etapa de incertidumbre institucional. El acto protocolario podrá haber concluido, pero las dudas jurídicas y éticas que rodean su reelección permanecen abiertas. La discusión trasciende a la persona. Lo verdaderamente preocupante es el precedente que deja para el Estado de derecho. Cuando una autoridad asume un cargo mientras existen cuestionamientos sobre el cumplimiento de requisitos legales, recursos constitucionales pendientes y un proceso electoral ampliamente impugnado, la confianza en las instituciones comienza a deteriorarse.
La reelección de Walter Mazariegos mantiene abierta la crisis de la Universidad de San Carlos.
Desde la elección de 2022, diversos sectores universitarios denunciaron la exclusión de cuerpos electorales legalmente integrados, restricciones a la participación y actuaciones que, a su juicio, comprometieron la transparencia del proceso. Esas controversias nunca fueron plenamente superadas y reaparecieron durante la reciente reelección, junto con nuevos cuestionamientos relacionados con el cumplimiento de requisitos legales para asumir el cargo.
Corresponde a los tribunales resolver definitivamente esos procesos. Sin embargo, la legitimidad institucional no depende únicamente de una resolución judicial. También exige prudencia, transparencia y la convicción de que ningún acto debe realizarse cuando existen dudas razonables sobre su legalidad.
Lo más preocupante es que este caso no puede analizarse de manera aislada. En las últimas semanas, los guatemaltecos hemos observado resoluciones judiciales que parecen responder a criterios distintos frente a situaciones similares. Mientras en algunos casos las autoridades son separadas de sus cargos o deben esperar el desenlace de los procesos judiciales para ejercer funciones, en otros se permite la toma de posesión aun cuando continúan pendientes acciones legales relevantes. El reciente retorno del alcalde de Santiago Sacatepéquez, luego de resoluciones judiciales que restituyeron sus derechos, demuestra que los mismos principios pueden recibir tratamientos diferentes según el contexto institucional o político.
No se trata de afirmar que los casos sean idénticos. Jurídicamente no lo son. Pero sí comparten un elemento esencial: ambos plantean la necesidad de que la ley sea aplicada con criterios uniformes. La seguridad jurídica desaparece cuando la ciudadanía percibe que las normas cambian dependiendo de quién sea el funcionario o de la institución involucrada.
La Usac debería ser la primera en comprender esta realidad. Su autonomía constitucional protege la libertad académica y su capacidad de autogobierno, pero jamás la coloca por encima de la ley. La autonomía no sustituye la legalidad; la presupone.
La mayor fortaleza de una universidad pública no radica únicamente en formar profesionales competentes. Su verdadero liderazgo consiste en enseñar, mediante el ejemplo, que el respeto al orden jurídico constituye un valor irrenunciable. Cuando la institución encargada de formar abogados, jueces, ingenieros, médicos y administradores públicos enfrenta cuestionamientos sobre la legalidad de sus propias decisiones, el daño trasciende sus aulas y alcanza a toda la sociedad.
No corresponde condenar a nadie sin una sentencia firme. Ese principio protege a toda democracia. Pero tampoco puede aceptarse que las dudas sobre el cumplimiento de la ley pierdan importancia cuando quien ejerce el poder considera que los fines justifican los medios. La crisis de la Universidad de San Carlos no terminará con una toma de posesión. Terminará cuando la legalidad deje de interpretarse según las circunstancias y vuelva a convertirse en el fundamento de toda decisión pública. Porque una democracia no empieza a debilitarse cuando se incumple una ley. Empieza a debilitarse cuando la sociedad deja de exigir que esa ley se aplique por igual para todos.
El daño hecho a la Universidad es irreversible. Walter debería renunciar. ¿Qué sentido tiene enquistarse en un lugar donde no se le quiere? Más lamentable aún es ver el apoyo que algunos sectores dentro de la misma universidad le proporcionan.
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