Estados Unidos
EDITORIAL
Autoridad portuaria no debe encallar
Para la implementación de este nuevo ente y la toma total de funciones se prevé un plazo máximo de dos años.
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Reza un dicho que el éxito siempre tiene muchos padres y el fracaso es huérfano. Eso aplica a congresistas que, tras la aprobación de la Ley General del Sistema Portuario, salen a presumir que siempre la impulsaron y que hasta se esforzaron por aprobarla en una larga sesión. En realidad, es simplemente su trabajo, ampliamente pagado incluso con el ilícito sobresueldo que devengan. Durante mucho tiempo fueron los usuarios de los puertos, es decir, sectores de exportación, comercio, transporte y servicios logísticos quienes clamaron por una normativa moderna, funcional e integradora de las dos portuarias actuales.
No está de más resaltar la prudente pero firme postura de la Embajada de Estados Unidos acerca de la necesidad de asegurar los procesos portuarios bajo estándares internacionales de rendimiento, transparencia y desarrollo tecnológico. Alcanzar esas metas será la tarea de la Autoridad Nacional Portuaria, un ente colegiado cuyo directorio será presidido por el representante designado por la Presidencia de la República o su suplente, con miembros de las carteras de Economía, Comunicaciones y Gobernación, así como un representante del Consejo de Usuarios del Sistema Portuario Nacional, es decir, del sector privado.
Para la implementación de este nuevo ente y la toma total de funciones se prevé un plazo máximo de dos años, pero los procesos de designación no deberían demorar todo ese tiempo, dados los múltiples pendientes en la mejora portuaria del país y la posibilidad novedosa de integrar inversión privada en la expansión de la infraestructura de este tipo. La expectativa es alta, porque el rezago portuario del país también lo es. Y en ese sentido, la verdadera prueba institucional comienza ahora.
Es necesario recordar que en el país existen preocupantes casos de instituciones surgidas entre grandes esperanzas y que terminan atrapadas en una interminable cadena de pugnas, disfuncionalidades e incumplimientos. Basta citar un antecedente: la Dirección de Proyectos Viales Prioritarios, en la cual concurren tres ministerios y representantes de sectores productivos, que tenía 18 meses para integrarse y ya van más de 20 sin que se entre plenamente a funcionar. La nueva autoridad portuaria no puede ni debe encallar en los azolvamientos burocráticos o las excusas vacuas.
Hay mucho trabajo por delante: reglamentos, definiciones de funciones, cronogramas de trabajo a corto y largo plazo, atención de prioridades reales y establecimiento de objetivos medibles en concurso con los usuarios y personal técnico, sobre todo porque la competitividad no depende de leyes aprobadas, sino de instituciones sólidas que tracen políticas coherentes. Y eso lleva justo a la “tripulación” que conducirá esta nueva nave institucional. La ley establece requisitos de idoneidad para la integración del directorio y dispone que el gerente general sea definido mediante un proceso de oposición.
La conducción de los puertos del país, por separado, ha tenido sus altibajos. Por allí han pasado buenos profesionales, pero también auténticos gandallas. Debe haber procesos sólidos y total supresión de discrecionalidades para evitar que aparezca otra abyecta “Línea” o para que se infiltren fidelidades ajenas ilícitas. Es importante la integración de las tareas que concurren a diario, el trabajo en equipo, la probidad certificada y hasta la posibilidad de implementar modelos de operación exitosos, porque no solo está en juego la productividad del país, sino también la seguridad nacional y hemisférica.
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