Estados Unidos
EDITORIAL
Indolencia agrava la vulnerabilidad climática
La crisis climática debería obligar a entes como la Anam, que no quieren “intromisión” en sus autonomías, a trazar infraestructura esencial para enfrentar la previsible escasez de agua.
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Después de tantos ires y venires de integrantes de consejos del cambio climático, de titulares del Ministerio de Ambiente, de participaciones en cumbres internacionales, de discursos y pronósticos sobre sequías, de deterioro de los ciclos de lluvias, parece mentira —pero es la triste verdad— que no exista una infraestructura mínima —o un plan viable para implementarla— para enfrentar el seco presente que hace peligrar cosechas y que ha reducido las fuentes de agua. Lo más lamentable es que se siguen contaminando los ríos, talando los bosques y relegando la construcción de plantas de tratamiento de desagües.
Guatemala está pasando por una temporada de no lluvias que excede cualquier canícula: ha reducido hasta un 85% de la usual precipitación, esa misma que se filtra en los suelos y alimenta pozos, manantiales, riachuelos y mantos freáticos. El llamado fenómeno El Niño, de candoroso nombre pero terribles implicaciones, no es solo una noticia meteorológica. Amenaza cultivos en lo inmediato, pero también la sostenibilidad económica y nutricional de comunidades enteras.
Las previsiones oficiales para el tercer trimestre del 2026 son dantescas: hasta 3.2 millones de guatemaltecos podrían afrontar marcadas carencias alimentarias. El primer golpe lo lleva la agricultura, con riesgos de pérdidas de maíz, frijol, verduras e incluso el café. Pero la sequía también llega a los bolsillos. Al haber menor producción, los precios suben y las canastas ya no están tan surtidas, una situación que se agrava en regiones de pobreza extrema. Hace mucho, el Estado tiene dependencias vinculadas con el cambio climático e incluso “políticas” nacionales trazadas, con numerosas plazas burocráticas pagadas con recursos públicos, pero ¿resultados tangibles que brinden alivio?
Los alcaldes y también los aspirantes a estos cargos suelen incluir el agua dentro de sus ofrecimientos. Pero las únicas medidas promisorias para la protección de recurso eran el reglamento para el manejo de desechos sólidos y el reglamento para el tratamiento de aguas servidas; ambas fueron legalmente impugnadas por el presidente de la Asociación Nacional de Municipalidades, so pretexto de la autonomía municipal, para congraciarse con sus homólogos, que afirman no tener recursos económicos para tales gastos.
Lo más que hacen ciertos alcaldes para paliar el problema del agua es comprar miles de cisternas, sin licitación; otros se lanzan a perforar pozos, que pueden dar un alivio temporal. Sin embargo, con los crecientes períodos de sequía, la recarga natural de los acuíferos se agota inexorablemente. El agua subterránea no es infinita y aunque llueva copiosamente, no se recupera con la misma rapidez que se extrae.
La crisis climática debería obligar a entes como la Anam, que no quieren “intromisión” en sus autonomías, a trazar infraestructura esencial para enfrentar la previsible escasez de agua. Quizá para los alcaldes o los diputados una planta de tratamiento no luce tan bien para una foto de propaganda, pero debería ser su responsabilidad impulsarlas.
Guatemala necesita inversión en captación de lluvia, tratamiento, protección de acuíferos, tecnificación del riego y sistemas municipales eficientes. También en protección de cobertura forestal y reservas de árboles, como el cerro Alux que brinda líquido a cientos de miles de hogares de al menos ocho municipios. ¿De dónde saldrá el agua que promete y qué está haciendo hoy para garantizarla mañana? Es una pregunta para todos los que hagan tal ofrecimiento, que tiene tantas implicaciones y tareas pendientes.
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