Estados Unidos
EDITORIAL
Peligro de financiamiento electoral sucio sigue allí
Hasta el momento, no existe una sola iniciativa conocida del Tribunal Supremo Electoral, de la magistratura anterior o la actual, para modernizar, tecnificar e interconectar la verificación de cuentas partidarias.
|
Cuando faltaba poco menos de un mes para la convocatoria electoral del 2023, autoridades de Estados Unidos hicieron un requerimiento de extradición, por cargos de narcotráfico, contra cuatro politiqueros que ya preparaban candidaturas de reelección. El Ministerio Público solicitó el retiro de antejuicio de quienes poseían inmunidad en virtud de su cargo. De hecho, tres de ellos fueron inscritos por el Tribunal Supremo Electoral y fueron electos. Para no hacer larga la historia, hoy por hoy, los cuatro están presos en Estados Unidos, tres de ellos con sentencia y dos son confesos, el más reciente de los cuales es el exalcalde de Cuilapa, Santa Rosa, Esvin Fernando Marroquín Tupas, quien llegó al cargo en el 2015 con el Partido Patriota. Se reeligió en el 2019 con Prosperidad Ciudadana y en el 2023 con Vamos.
Los otros condenados son el exdiputado Armando Ubico, quien usó su cargo para proteger cargamentos de droga. A pesar de tener una condena en EE. UU. por narcotráfico, el TSE lo inscribió como candidato en el 2015, postulado por el partido Todos, con el cual se reeligió en el 2019. Ubico presidió la Comisión Legislativa de Defensa desde el 2020 hasta su desaparición del hemiciclo, cuando se declaró con lugar el antejuicio, en el 2023. Se entregó, y el año pasado fue sentenciado a 18 años de prisión.
En abril último fue condenado a 27 años de prisión el exalcalde de El Rodeo, San Marcos, Christian Escobar, electo con Creo, y en agosto se presentó acusación en una corte de Texas contra el exdiputado al Parlacén Freddy Salazar, electo por Vamos: 20 gigabytes de evidencias en videos, fotos, comunicaciones interceptadas y audios lo implicarían en el tráfico de drogas. La pregunta, ante esos prontuarios de la vergüenza política, es: ¿Qué se hace para evitar que lleguen más perfiles así a cargos públicos?
Hasta el momento, no existe una sola iniciativa conocida del Tribunal Supremo Electoral, de la magistratura anterior o la actual, para modernizar, tecnificar e interconectar la verificación de cuentas partidarias, para evitar precisamente la infiltración de dineros sucios provenientes de mafias locales o transnacionales de trasiegos de personas, mercancías, armas y drogas. La reciente aprobación de la modernización de la Ley contra el Lavado de Activos debería ser un insumo capital, literalmente, para poner en cintura las finanzas de la política.
Todavía obran en el sitio web del TSE las hojas en formato PDF que los partidos remiten como supuesta rendición de cuentas, como si estuviéramos en una distopía de 1984. Nos encontramos en tiempos de factura electrónica y de interconexión bancaria en tiempo real. Todo partido político que se respete, como entidad de representación pública, no debería oponerse a una cuentadancia total de cara a la ciudadanía, precisamente como confirmación de los postulados que tanto pregonan. Basta plantear un cambio de metodología en la Ley Electoral para tener un diagnóstico de qué figuras y organizaciones prefieren la opacidad y las apariencias, los informes sin detalles y con rezago “permitido por ley”.
Guatemala arrastra la vergüenza de dos expresidenciables convictos y también confesos: uno de narcotráfico y el otro de haber tratado de lavar activos provenientes de dicho ilícito. Los mencionados al inicio son solo cuatro de una larga nómina abyecta que constituye la mejor evidencia de endurecer los controles del financiamiento electoral. Basta ver cómo ciertos alcaldes en funciones reparten ingentes cantidades de víveres en comunidades pobres con obvio aprovechamiento clientelar. Entretanto, las autoridades electorales no dicen ni pío.
ESCRITO POR:
