Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) Estuardo Cárdenas y Flor de María Gálvez acudieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en busca de medidas cautelares.

Los dos magistrados forman parte de un grupo minoritario de oposición en la CSJ, que preside la magistrada Claudia Paredes.

La solicitud de medidas cautelares se presentó el 10 de agosto, de acuerdo con el magistrado Cárdenas.

Las medidas suponen una medida de protección y la CIDH, luego de analizar la situación, puede solicitar a un Estado que adopte acciones urgentes de protección cuando considera que enfrentan una situación grave y urgente con riesgo de sufrir un daño irreparable.

Denuncian intimidación

Hace algunas semanas, los magistrados denunciaron actos de intimidación después de que el Ministerio Público (MP) solicitó información sobre sus nombramientos y los de otros magistrados de apelaciones.

El MP indicó que inició una investigación en la que los magistrados figuran como agraviados por la exposición de datos personales en redes sociales.

Sobre el caso, el MP informó: "El caso inició en junio del 2024, por la alteración de datos personales en distintas plataformas institucionales de varios funcionarios públicos de alta jerarquía, llegándolos a amenazar en el mes de noviembre de ese mismo año, las cuales contenían información personal de las víctimas, siendo estas, magistrados de la Corte Suprema de Justicia, Salas de Apelaciones, de quienes se requirió información al Consejo de la Carrera Judicial, entre otros funcionarios públicos, quienes también podrían ser víctimas de las alteraciones informáticas que dieron origen a la investigación".

El OJ sin responder sobre seguridad

Al consultar al Organismo Judicial (OJ) su reacción por la situación de desprotección que los magistrados exponen ante la CIDH, se indicó que “están en su derecho” y no respondieron a la pregunta sobre el refuerzo de seguridad en favor de dos de sus integrantes.

“La CSJ considera que los señores magistrados están en su derecho de tomar las medidas o las acciones que estimen pertinentes ante las entidades correspondientes, en consecuencia, la Institución respeta las diligencias realizadas y se abstiene de emitir opinión al respecto”.