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Dos magistrados del grupo minoritario de la CSJ exponen actos de intimidación
Recientemente, el MP solicitó información de los dos magistrados de la CSJ y de otros 15 de apelaciones por una investigación donde podrían figurar como víctimas.
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Magistrados que integran el grupo dominante de la CSJ. (Foto Prensa Libre: cortesía Organismo Judicial)
Los dos magistrados que forman la oposición en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) denunciaron actos de intimidación, y solicitan a las autoridades que se brinde la información del caso para tomar las medidas necesarias.
Flor de María Gálvez y Estuardo Cárdenas forman el grupo minoritario de la CSJ, que suelen ser la oposición del bloque mayor del Poder Judicial, que es presidido por la magistrada Claudia Paredes.
Ambos figuran en una investigación del Ministerio Público (MP) como agraviados, es decir, posibles víctimas, según un oficio que fue filtrado en las redes sociales.
En ese documento, la Fiscalía contra el Crimen Organizado solicita al Consejo de la Carrera Judicial (CCJ) información sobre la toma de posesión de los magistrados Gálvez, Cárdenas y otros 15 de distintas salas de Apelaciones.
Fuentes que prefieren no ser citadas, explicaron que se podría tratar de posibles amenazas contra los funcionaros de justicia, y que habrían sido de conocimiento de agentes investigadores.
Se consultó con el departamento de Comunicación Social del MP si a la fecha existe una investigación por amenazas contra magistrados de la CSJ, a lo que respondió: "El caso inició en junio de 2024, por la alteración de datos personales en distintas plataformas institucionales de varios funcionarios públicos de alta jerarquía, llegándolos a amenazar en el mes de noviembre de ese mismo año, las cuales contenían información personal de las víctimas, siendo estas, magistrados de la Corte Suprema de Justicia, Salas de Apelaciones, de quienes se requirió información al Consejo de la Carrera Judicial, entre otros funcionarios públicos, quienes también podrían ser víctimas de las alteraciones informáticas que dieron origen a la investigación".
Añadió que la Fiscalía contra el Crimen Organizado continúa en la investigación de la carpeta que contiene cuatro denuncias, y que recopila indicios para fortalecer el caso "por la posible comisión de los delitos de obstrucción de justicia y destrucción de registros informáticos".
Por su lado, los magistrados Gálvez y Cárdenas confirmaron actos de intimidación al ser consultados, coincidiendo que es necesario que se les informen los hechos para tomar las medidas necesarias de seguridad.
Señala vigilancia
La magistrada Gálvez aseguró que sabe de investigaciones a cargo de la Fiscalía contra el Crimen Organizado por publicaciones recientes, en donde comenta la aparente intervención de su teléfono celular y vigilancia.
“He sabido que mi teléfono está intervenido y he sido objeto de seguimientos que se han intensificado en los últimos días, llegando al extremo de que ingresaron personas desconocidas y con engaños al lugar donde yo me encontraba”, explicó la magistrada.
Gálvez añadió: “Ingresaron a ese lugar brindando información familiar, por lo que en conclusión, no han sido directas (las intimidaciones) pero de todo ello se puede deducir que sí las ha habido”.
La magistrada manifestó sentirse preocupada porque esta especie de vigilancia ha sido más constante en los últimos días, “por lo tanto espero que alguna autoridad oficial se ponga en contacto conmigo por dichas circunstancias”.
Presiones internas y externas
El magistrado Cárdenas explicó que ha detectado actos de intimidación en su contra, y dijo que se ha buscado vulnerar su libertad de expresión.
“Mediante la instrucción arbitraria de la mayoría del pleno de la CSJ de que asesoría jurídica analizará mis declaraciones dadas a Prensa Libre, para con base en ello promover acciones en mi contra”, explicó.
El magistrado añadió que esa medida “atenta contra mi libertad de expresión y de pensamiento, y sobre todo contra la independencia judicial que ostento, todo lo cual, desde luego, se quiera aceptar o no, conlleva esa intención, restringir tales prerrogativas y enervar las garantías fundamentales que los resguardan”.
Acerca de los requerimientos de información donde figura como agraviado, Cárdenas ve extraña la situación ya que, si bien ha detectado situaciones externas, hasta ahora, no ha presentado una denuncia.
“Según se dice son expedientes iniciados desde el 2024, por lo que si bien se comprende como una obviedad el que en la administración anterior del MP no se hiciera absolutamente nada al respecto, lo que más preocupa es que en la actualidad se le dé prioridad a requerir información sobre los cargos, funciones y toma de posesión, y hasta la presente fecha aún no se nos haya hecho ninguna comunicación oficial al respecto”, señaló.
Para Cárdenas, lo primordial que deberían hacer las autoridades competentes es dar información para que los agraviados tomen medidas preventivas que consideren necesarias.
“Lo primero, es ponerlo en conocimientos de quienes pudieran estar siendo objeto de los hechos ilícitos investigados; y que para ello poco importa la información requerida, cuando lo que debería privilegiarse es la seguridad e integridad de los afectados y sus familias”, concluyó.
El contexto actual de la CSJ es en medio de tensiones tras un amparo promovido por Cárdenas y una entrevista que expone, lo qué él asegura, son las prácticas del actual Poder Judicial.
En respuesta, el grupo mayoritario de la CSJ emitió un comunicado, negando las declaraciones del magistrado que serían analizadas por el propio departamento jurídico del OJ.
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