Estados Unidos
EDITORIAL
Rechazo a toda amenaza contra la libre expresión
Organizaciones empresariales y gremiales expresaron su rechazo a cualquier forma de violencia o coacción contra periodistas en el ejercicio de su misión.
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Repudio multisectorial unánime merece toda intimidación, amenaza o agresión contra un periodista o medio de prensa. Por desgracia, Guatemala arrastra una larga historia de intolerancias, impunidades e intentos por acallar la libertad de expresión, sobre todo cuando se informa sobre situaciones que atentan contra la institucionalidad, la probidad y la seguridad ciudadana. Por eso, la denuncia pública formulada ayer por Rodrigo Arenas, presidente del medio República, sobre un posible plan para atentar contra su integridad física o la de miembros de su equipo de redacción, debe ser abordada por las autoridades de Seguridad y Justicia con la seriedad que corresponde, y motivar una investigación pronta e independiente que permita establecer el origen, alcance y autoría de lo denunciado.
En Guatemala, el artículo 35 constitucional establece la pétrea garantía de libre emisión del pensamiento por cualquier medio, sin censura ni cortapisas, incluyendo la posibilidad de cuestionar a funcionarios públicos bajo sospecha de actos de corrupción o colusiones ilícitas. Esta cláusula ha sido históricamente esencial porque permite señalar abusos y discrecionalidades de quienes actúan al amparo de un cargo, por nombramiento o elección.
Esto es relevante porque Arenas atribuyó las amenazas a una serie de publicaciones sobre presuntos nexos entre grupos políticos y alcaldes de municipios costeros y fronterizos con grupos del crimen organizado que eventualmente financian sus campañas. Corresponde a las autoridades determinar si existe alguna relación entre esos señalamientos y los hechos denunciados. Por desgracia, la infiltración de dinero sucio en estructuras políticas e institucionales constituye una amenaza seria y creciente para la democracia.
Organizaciones empresariales y gremiales expresaron su rechazo a cualquier forma de violencia o coacción contra periodistas en el ejercicio de su misión. La Cámara Guatemalteca de Periodismo pidió una investigación seria e independiente respecto de la denuncia de Arenas. Fundesa, Cacif y AmCham Guatemala también rechazaron cualquier forma de coacción contra la libertad de expresión. A lo largo de 75 años, Prensa Libre ha defendido, como principio fundacional, la libre expresión y la libertad de prensa. Este caso no es la excepción y nos solidarizamos con República y su equipo periodístico.
La Asociación de Periodistas de Guatemala informó que da seguimiento al caso. Cabe resaltar que, lamentablemente, no es un hecho aislado. El Observatorio de los Periodistas de Guatemala registró 42 ataques, amenazas y limitaciones contra el trabajo periodístico entre el 1 de enero y el 3 de junio del 2026, principalmente en la provincia. Entre ellos figuran restricciones para cubrir audiencias judiciales, amenazas, campañas de difamación en redes sociales y denuncias judiciales de funcionarias y figuras políticas que se escudan tras la Ley de Femicidio para no rendir cuentas.
Este año fue asesinado en San Cristóbal Verapaz el periodista comunitario Carlos Humberto Cal Ical, quien semanas antes habría recibido advertencias por haber denunciado el sobrecosto de una carretera. Milton Polanco, presidente de la Asociación de Periodistas de Jutiapa, desapareció en febrero del 2025 y su paradero aún se desconoce, La responsabilidad del Estado frente a la denuncia de Arenas y otros casos pendientes es, por tanto, clara: investigar con rigor para determinar qué ocurrió y proteger a las personas que pudieran encontrarse en riesgo, pues sin libertad de expresión, simplemente no hay libertad.
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