Estados Unidos
EDITORIAL
¿Cuántos disfrazados más habrá?
El TSE debe liderar un esfuerzo sin precedentes para fiscalizar a los candidatos.
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Partamos de los hechos. En Guatemala existen casos concretos, reales y francamente inverecundos de expresidenciables, exdiputados y exalcaldes que se creían muy listos pero terminaron extraditados, enjuiciados y condenados en Estados Unidos por delitos relacionados con narcotráfico y lavado de activos. Han pertenecido a distintos partidos y han ocupado distintos espacios de poder. Algunos llegaron incluso a declararse culpables ante la justicia estadounidense para buscar una condena más leve. Durante años, todos estos impresentables se disfrazaron como ciudadanos respetables, empresarios prósperos, dirigentes partidarios, candidatos impolutos y funcionarios que hasta presumían de supuestos logros; algunos incluso recibieron reconocimientos.
Estos histriones se mostraron indignados y ofendidos cuando llegaron los pedidos de investigación, los antejuicios y los procesos de extradición. Por eso mismo, tal como señala el análisis del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien), la pregunta ya no es solo si el narcotráfico intentará penetrar en estamentos del Estado a través de cargos de elección: es vergonzosamente evidente que sí ha ocurrido. Sin embargo, fueron inscritos para candidaturas pese a sus antecedentes, bajo una perversa interpretación de “presunción de inocencia” y alegando que la condena fue en otro sistema legal.
A la sombra de tales hechos, de los impactos negativos de la criminalidad organizada y de los riesgos que entraña, cabe hacer tres preguntas: la primera: ¿cuántos aspirantes disfrazados hay? A los partidos políticos: ¿qué hacen para frenar estas inserciones o solo están abiertos al mejor postor? La tercera, al Tribunal Supremo Electoral: ¿qué controles adicionales prevén para frenar la infiltración.
Resulta bastante penoso que el TSE esté pensando en cómo cerrará el proceso eleccionario —presentando un sistema de resultados preliminares— sin haber trazado cómo mejorar las fases iniciales: específicamente, la criba de perfiles de candidatos, del origen de recursos de campaña y de las alianzas institucionales que harán para cerrar la puerta a los intereses viciados que tratan de tener preponderancia en áreas fronterizas y costeras, que fueron descritas por el quinto viceministro de Gobernación, Víctor Hugo Cruz, durante la presentación del informe del Cien.
El TSE debe liderar un esfuerzo sin precedentes para fiscalizar a los candidatos, en colaboración con entidades como la Contraloría General de Cuentas, la Superintendencia de Administración Tributaria y la Intendencia de Verificación Especial, así como apoyos internacionales, para detectar nexos financieros sospechosos. Asimismo, la Unidad de Medios de Comunicación debe auditar, con apoyo de la propia ciudadanía, el uso de pautas en redes sociales. Los magistrados no pueden alegar desconocimiento sobre estos alcances, pues se postularon libremente afirmando tener las capacidades para esos cargos.
El viceministro Cruz fue explícito al señalar que las estructuras del crimen organizado buscarán incidir, quizá como nunca antes, en el proceso electoral del 2027 porque pretenden ampliar su influjo dentro de las instituciones estatales e incluso permear estamentos de seguridad en el siguiente gobierno. Por desgracia, los partidos políticos no están efectuando los filtros necesarios, y si se intenta exigirles más claridad en sus finanzas, ponen el grito en el cielo, como si no se tratara de una cuestión de seguridad nacional. Pero esta auditoría exigente no depende de ellos, sino de la decisión del TSE en nombre del futuro de Guatemala y de su democracia.
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