Editorial

Basta ya de tanta porosidad penitenciaria

La transformación y monitoreo del Sistema Penitenciario debe ser una política de Estado.

Si se siguen repitiendo las mismas acciones, no se pueden tener resultados distintos. Este axioma, aparentemente tan lógico y tan comprobado, no parece tener aplicación en diversos campos del quehacer público, y uno de ellos, sintomático y abyecto, es el carcelario. El miércoles último, en una requisa en la Granja Modelo de Rehabilitación Pavón, no solo se hallaron artículos prohibidos en una caleta, sino también un túnel, bastante consolidado, lo cual denota que llevaba buen tiempo en ejecución. No hay todavía detalles de sus dimensiones y características, pero sí que estaba en dirección al perímetro de la cárcel. Se conjuró una fuga, sí, pero el método de la intentona muestra que todavía hay excesiva permisividad y deficiente supervisión de las actividades de los reos.


Cabe reconocer que la información de inteligencia permitió atajar una evasión, pero, por desgracia, el hallazgo no basta para eliminar la preocupación, máxime porque se encontraron celulares y terminales de internet que automáticamente implican conectividad con el exterior y, por ende, peligro para la ciudadanía. Cabe denotar, eso sí, que si hay afanes escapistas es porque la prisión ya no ofrece las comodidades que se tenían antes de la demolición de apartamentos improvisados. Pero no basta.


Una instalación penitenciaria es lugar para la purga de penas y no puede ser un limbo de impunidad. Por eso mismo es una infraestructura crítica de seguridad pública, en la cual no solo cuentan las rejas y las mallas, sino también los procedimientos institucionales y, por supuesto, el desempeño del personal. En marzo pasado, una requisa en el Centro de Detención de Máxima Seguridad Renovación 1 permitió localizar armas de fuego, municiones, más teléfonos, incluyendo uno satelital, tarjetas SIM y enrutadores de internet.


Después del hallazgo de Pavón, el Sistema Penitenciario informó que investiga —otra vez— cómo pudieron ingresar las herramientas y materiales de construcción que habrían sido utilizados para ejecutar el ilícito proyecto. Debe establecerse si hubo negligencia o colusión, para sentar precedentes ejemplares, no solo en este, sino en anteriores casos. Por otro lado, los reos implicados en esta intentona deben enfrentar las consecuencias.


Sin embargo, la propia justicia, tardía y parsimoniosa, hace su aporte a la impunidad. Basta ver cómo varios pandilleros que se fugaron en octubre del 2025 y que fueron recapturados no tendrán audiencia de declaración por tal ilícito sino hasta enero del 2027. Los procedimientos para sancionar delitos flagrantes como una evasión tendrían que ser más expeditos, a fin de que exista certeza de un castigo con agravantes, pero para ellos se necesitaría una Corte Suprema de Justicia que verdaderamente se ocupe de los delitos que agobian a diario a la ciudadanía y no únicamente de disputarse potestades, repartirse viajes o procurarse beneficios.


Del lado del Ejecutivo se necesita la implementación del Reglamento Penitenciario, a través de evaluación del personal actual, la contratación de nuevos agentes y la aplicación de controles constantes sobre los nexos, patrimonio y desempeño de los elementos. El túnel encontrado en Pavón debe ser abordado como un tácito ultimátum, pues, de lo contrario, seguirá repitiéndose en otra prisión y quizá no se logre descubrir a tiempo. La transformación y monitoreo del Sistema Penitenciario debe ser una política de Estado, uno de esos temas de Agenda de Nación en que los partidos políticos deben establecer acuerdos de continuidad para no salir con promesas vacías y a improvisar parches porosos.

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